Los estados tienen derecho a exigir un permiso a los ciudadanos para que puedan recibir un tratamiento sanitario oneroso en el extranjero sufragado con dinero público, según estableció ayer el Tribunal de Justicia de la UE. El fallo crea jurisprudencia y pone coto a la estrategia ultraliberal de la Ce de fomentar el turismo sanitario con fondos públicos.
