El gobierno valenciano presentó ayer un ambicioso pacto contra la violencia de género y machista, un plan de choque de casi 300 medidas que han firmado más de 60 entidades públicas y privadas y que, entre otras propuestas, incluye la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas con las de las víctimas del terrorismo, un cambio que supondrá que pasen de recibir 6.000 euros a 75.000.

El acuerdo exige el aumento del presupuesto para estas políticas un 10%, lo que en el caso de la Consejería de Igualdad que lo ha impulsado supone elevar al gasto hasta los 12 millones anuales. Esa inversión, como la que hagan el resto de instituciones adheridas, estará blindada para asegurar unos resultados que deberá evaluar una comisión de seguimiento. Entre los firmantes están todos los partidos con representación en Las Cortes valencianas, las tres diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y otros consistorios, diversos sindicatos y organizaciones empresariales así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad, fue la encargada de presentar un acuerdo que según apuntó busca «asistir a las víctimas» pero también «trabajar en el origen de la violencia que es la desigualdad estructural». Por eso muchas medidas se realizarán en el ámbito educativo. «Es un conflicto público y social, no un hecho doméstico», subrayó Oltra. En la misma línea, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, destacó que «cada vez que una mujer es intimidada, agredida o insultada lo somos todos». Por eso remarcó que «hace falta una respuesta colectiva a un problema colectivo».

RENTA DE INCLUSIÓN / El proceso de gestación del acuerdo empezó con un mandato del parlamento autonómico y la convocatoria de este pacto. Después se produjeron ocho jornadas de trabajo de las que salieron cinco líneas estratégicas, 21 objetivos y 293 medidas. En cuanto a las ayudas a las víctimas, entre otras cosas, se les garantiza el acceso a la renta valenciana de inclusión, se ampliará la red de viviendas y se impulsará la firma de convenios para los alquileres sociales.

También se potenciarán las ayudas a las empresas que las contraten de manera estable y, por ejemplo, se reservarán para mujeres un 30% de las plazas de policías locales. Uno de los grandes objetivos del pacto es el fomento de una contratación responsable que premie a las empresas más avanzadas en estas políticas de igualdad. Pero el acuerdo incluye también medidas tan diversas como la redacción de un decálogo para las fiestas populares, la implantación de una red de agentes de igualdad, la promoción de contenidos audiovisuales con mujeres como heroínas, la formación obligatoria del personal de la administración autonómica en políticas de género y se impulsará la de los cuerpos de seguridad del estado.