El Vaticano no cargará con la responsabilidad de hacer frente a las indemnizaciones que dicte la justicia por los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de edad. La Santa Sede endosa en exclusiva a las diócesis territoriales el deber de cargar con las consecuencias civiles de los delitos que hayan cometido sus respectivos sacerdotes. Esta es la principal conclusión de la cumbre extraordinaria convocada por el Papa y que ayer reunió en Roma a 150 cardenales, según fuentes vaticanas. A puerta cerrada, la cúpula debatió por primera vez en la historia sobre el aluvión de escándalos de pederastia que sacude a la Iglesia católica.
La cuestión fue ilustrada por el cardenal William Levada, ministro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que explicó el sentido de las normas actualizadas y aprobadas este año sobre cómo comportarse en casos de abusos sexuales. Reiteró que, según dichas normas (aprobadas bajo la creciente presión internacional de las víctimas y de las pruebas de que la jerarquía eclesiástica encubrió sistemáticamente durante siglos violaciones y vejaciones de niños y niñas a manos de religiosos), la denuncia a la justicia ordinaria del cura culpable de abusos solo debe entenderse como obligatoria para los delitos actuales.
EL ´SI´ DEL DAMNIFICADO Para delitos pasados, agregó, la Iglesia solo llevará a los pederastas a los tribunales si hay consentimiento de la víctima. La razón, dijo, es que con frecuencia son las víctimas las que muchos años después, tras construirse una vida familiar y profesional, no quieren juicios de por medio. Es la solución adoptada en Irlanda y que Roma desearía extender.
Varios episcopados se habían dirigido al Vaticano en demanda de instrucciones exactas sobre si podían (es decir, si era optativo) o, por el contrario, debían (de manera obligatoria) denunciar al culpable a los tribunales. Asentando que se trata de una denuncia obligatoria, la posición vaticana habría sido puntualizada en el sentido de que antes Roma se adjudicaba la última palabra sobre la denuncia, mientras que ahora ha dejado claro que esta depende de cada obispo territorial. En abril, el portavoz del Papa había alegado que las leyes son distintas en cada país para rechazar establecer una consigna universal.
La comunicación del cardenal Levada comprendió otros aspectos directa o indirectamente relacionados con la cuestión de los abusos de menores, como la agilización de la dispensa del celibato y la consecuente reducción al estado civil de los sacerdotes que lo pidan y de los sacerdotes que sean "expulsados" de la Iglesia. Actualmente, ese proceso dura de ocho a diez años.
Otro tema tratado fue la posibilidad de ordenar como sacerdotes a hombres casados que lleven una vida ejemplar. Según el cardenal Levada, varias conferencias episcopales lo han pedido en los últimos tiempos, pero la respuesta, tras el bloqueo del Papa, ha sido negativa "por ahora", aunque será estudiada por las altas instancias vaticanas. A pesar de tratarse de una tímida apertura, constituiría un paso hacia adelante con relación a las pasadas negativas en redondo.
La primera impresión que produce la comunicación del cardenal Levada es que, en parte, se trata de una mera puntualización sobre la distribución de las cargas y las responsabilidades jurídicas de los distintos niveles jerárquicos de la Iglesia en los escándalos de curas pederastas. En EEUU, unas 40 diócesis católicas se han declarado en quiebra a causa de las millonarias indemnizaciones que han debido pagar o están pagando en cumplimiento de sentencias judiciales. El Estado se lo exige y los tribunales administran la totalidad de sus bienes diocesanos, apartando el porcentaje destinado a las indemnizaciones que hayan establecido.
CURAS ANGLICANOS La cumbre también trató sobre la libertad religiosa en el mundo y la admisión en la Iglesia católica de curas y obispos anglicanos. Para estos, en el 2009 se constituyó una diócesis universal. Se trata de aproximadamente un 10% de los fieles de la fe anglicana (una escisión de la católica producida en el siglo XVI) que no aceptan algunas de las decisiones modernizadoras de Canterbury, como la ordenación de mujeres y homosexuales y su acceso al obispado.
