No es habitual, pero ayer la vicepresidenta del Gobierno criticó con muchísima dureza una decisión judicial. María Teresa Fernández de la Vega, número dos del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de "absoluto disparate" la excarcelación del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal Mustafá.

El imán, que había sido condenado por escribir un libro en el que incitaba a la violencia contra las mujeres, abandonó la prisión el pasado lunes después de que la Audiencia de Barcelona sustituyera la pena de cárcel por un curso sobre la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fernández de la Vega, en declaraciones a Antena 3, manifestó su "respeto" por la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, arremetió contra ella y recordó que las decisiones judiciales también pueden estar "sujetas a la crítica pública". "Es todo un absoluto disparate y, desde luego, no contribuye a esa necesidad que tenemos todos de que se adopten medidas para acabar con esta lacra macabra", destacó.

"REBELION SOCIAL" Acto seguido, recordó que el Parlamento está encabezando una "rebelión social" contra el maltrato ya que hoy quedará definitivamente aprobada en el Congreso la ley contra la violencia hacia las mujeres. "La sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona no es el mejor ejemplo", subrayó.

Por último, añadió que el fallo es "menos razonable aún" si se tiene en cuenta que su abogado acogió con escepticismo la obligación para Kamal Mustafá de realizar un curso de formación sobre la Constitución. "El imán la conoce perfectamente", dijo el letrado con sorna.

La dureza de Fernández de la Vega contrarrestó con la tibieza de otros miembros del Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se negó a comentar la sentencia y aseguró que el Ejecutivo "no debe pronunciarse sobre una resolución adoptada por un órgano de la justicia".

INTERPRETACION JURIDICA El caso del imán de Fuengirola constituye un clarísimo ejemplo de que, aunque la ley siempre es la misma, las interpretaciones de un mismo artículo pueden llegar a ser opuestas. Lo que sí coinciden en afirmar los juristas consultados, entre los que se encuentran jueces y abogados penalistas de Barcelona, es que las dos resoluciones sobre este caso son "ajustadas a derecho". Tanto la resolución que ordenaba el ingreso en prisión al desestimar la suspensión de la ejecución de la pena como la que instó la libertad bajo la orden de realizar un curso para aprender la Constitución como alternativa a la cárcel.

"Ambas resoluciones son legalmente impecables", argumentó el especialista en derecho penal y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, Rafael Rabasco. "Desde el punto de vista particular, creo que la violencia contra la mujer deberían tener vigilancia especial", añadió.

En contraposición a esta interpretación, están las de otros especialistas para los que la formación como alternativa a la prisión es una medida completamente adecuada. Entre ellos, el penalista Miguel Capuz.

El ponente de la sentencia que daba la libertad al imán a cambio de un cursillo, el magistrado Josep Niubó, insistió ayer en la "legalidad" de la resolución y advirtió de que el Código Penal "no hace distinción entre los diferentes delitos" a la hora de aplicar alternativas a la prisión.

La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Angela Alemany, dijo que ambas sentencias --el auto de prisión y la excarcelación-- "se ajustan a la ley". Pero criticó la decisión de la Audiencia porque, en su opinión, una sentencia "además de sancionar y procurar la reinserción debe dar ejemplo".