Lejos de reconocer como un error la regularización de casi 600.000 inmigrantes en el 2005, el Gobierno sacó ayer pecho frente a las críticas y defendió a capa y espada su decisión. Incluso la presentó como un modelo aplicable en el futuro en la UE. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exaltó las virtudes del proceso tanto económicas como humanas de la legalización en la clausura del encuentro que los ministro de Exteriores e Interior de los ocho países mediterráneos de la Unión celebraron en Madrid para abordar el problema migratorio.

Tras rechazar las regularizaciones "sin más ni más" y confiar en una futura política común en materia migratoria, De la Vega sostuvo que el proceso llevado a cabo por el Gobierno fue impecable, porque abarcó en exclusiva a personas con contratos de trabajo, se evaluó "caso por caso" y contó con el visto bueno de empresarios y sindicatos. La vicepresidenta expuso sus motivos consciente de que la cuestión despierta "algún recelo en alguno de los países asistentes", en clara alusión al ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, que llegó tarde al encuentro y se marchó antes del final.

PROPUESTAS Los ministros de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Chipre y Malta acordaron un paquete de propuestas de control de la frontera mediterránea, que llevarán a la cumbre de Lathi del día 20. Sin embargo, el debate en torno a las regularizaciones se convirtió en el tema estrella de la jornada, sobre todo por el cruce de declaraciones que escenificaron los días previos José Luis Rodríguez Zapatero y Sarkozy acerca del proceso desarrollado en España.

El titular de Interior francés y aspirante a la presidencia de la República en las elecciones del 2007 defendió en el encuentro las repatriaciones "eficaces" y planteó que no se vuelvan a producir regularizaciones "masivas", como las que, dijo, han tenido lugar en su país, Francia, así como en Italia y España. Antes de abandonar España convocó una rueda de prensa en la que afirmó que "las regularizaciones no son la solución". Alegó que procesos como el aprobado en España provocan efectos negativos en Francia y otros países.

Preguntado por la suerte de los entre siete y 12 millones de extranjeros en situación irregular, admitió que es una "tarea imposible" expulsarlos a todos. "Los que sean detenidos deben ser repatriados. Para los otros, la situación puede evolucionar: se pueden casar, tener un hijo que nazca en el territorio, y habrá, seguro, quienes permanezcan en la ilegalidad", afirmó.