El Gobierno decidió incluir la supresión del cachete en la ley de adopción internacional que, en principio, nada tiene que ver con la cuestión, y cuyo contenido ha quedado eclipsado por la medida. La nueva norma refuerza los mecanismos para impedir la trata de niños y aumenta las garantías del menor. Prohíbe adoptar en países en guerra o que sufran un desastre natural y permite que los menores conozcan los datos biológicos de los padres a su mayoría de edad, "sin perjuicio de las limitaciones que pudieron derivarse de sus países de origen".
