La decisión de diferentes organismos de dar permisos a los funcionarios que recurren a la gestación subrogada en el extranjero para tener hijos, tras dos sentencias del Tribunal Supremo que así lo avalan, ha reabierto el debate sobre la legalización en España de esta técnica conocida popularmente con el nombre de vientres de alquiler. Portugal fue el pasado verano el último país europeo en regularizar esta práctica que desde hace 30 años es una realidad en el Reino Unido. También está autorizada en algunos estados de EEUU y en Holanda, Grecia y Ucrania.

La Seguridad Social ya concede estos permisos, tal y como ha confirmado un portavoz a este diario. Aunque no ha querido precisar la fecha exacta en la que se empezaron a tramitar las peticiones, garantiza que se está dando curso a las «presentadas durante enero». La decisión se ha tomado, según esta fuente oficial, después de conocerse «las dos sentencias del Supremo que unificaban doctrina».

La divulgación de las sentencias del alto tribunal ha provocado que varios partidos se planteen iniciativas parlamentarias para forzar al Gobierno central a acatarlas. El Partido Popular ha decidido debatir la legalización en su congreso nacional. Destacados líderes del PP, como Javier Maroto, principal defensor de la iniciativa y coordinador de la ponencia social, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya han alzado la voz a favor de la propuesta legislativa aunque el eco no ha llegado a todo el partido.

Ciudadanos registró el pasado 23 de diciembre una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo español a «llevar a cabo las instrucciones precisas a fin de que los progenitores de menores alumbrados por gestación subrogada puedan disfrutar de las prestaciones de maternidad y paternidad en relación a la jurisprudencia emanada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo».

Abogados, asociaciones y progenitores de gestación por sustitución reclaman una solución definitiva y los colectivos feministas, con más o menos vehemencia, ponen peros a esta técnica. La legalización, además, apuntan diferentes expertos, abarataría un proceso costosísimo al que únicamente pueden recurrir personas con poder económico.

PETICIONES / Pese a la dificultad que entraña obtener datos de este colectivo, el ginecólogo Pedro Fuentes, presidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, afirma que cada año nacen entre 100 y 120 niños de parejas españolas. Barcelona y Madrid es donde la demanda es mayor. Para dar idea de la envergadura del fenómeno, en el año 2010 había ocho familias afiliadas a la organización y ahora rondan las 400. Fuentes apunta que «la gestación por sustitución ha salido del armario».

Fuentes jurídicas consultadas por este diario lamentan la contradicción que existe en España. «Por ley está prohibida la gestación por subrogación, pero hay una instrucción notarial del 5 de octubre del 2010 que permite a estas familias inscribir al niño, siempre y cuando se cumplan dos requisitos: que el bebé proceda de un país donde esta legalizada esta técnica y además haya una sentencia judicial», señalan.

Sara Altamirano, abogada del despacho Vientre de Alquiler España (VAE), reconoce que la Seguridad Social hacía la vista gorda cuando los solicitantes eran hombre y mujer, «pero se complicaba cuando era un padre soltero o parejas homosexuales».

El despacho VAE asesora a unas 60 personas al año, pero únicamente para embarazos en Estados Unidos. A esta cifra hay que sumar las personas que lo solicitan en otros destinos. La diferencia de precios entre un país y otro es abismal. En EEUU supera los 100.000 euros. Y en Ucrania los honorarios se reducen a la mitad..

ORGANIZACIONES FEMINISTAS/ Las garantías jurídicas que ofrecen los distintos países también son muy diferentes. En el estado de California, por ejemplo, que llevan 40 años trabajando en la gestación subrogada, emite una sentencia firme de afiliación del bebé que está por nacer. El hospital ya inscribe al niño con el nombre de los nuevos papás. En los países en los que no hay fallo judicial, «cuando vas al consulado de España se inscribe al recién nacido con el nombre de la gestante», dice Altamirano.

Las organizaciones feministas tercian en el debate. La asociación No somos Vasijas lo tiene claro: «Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total», indican.