El Gobierno dio ayer un nuevo ejemplo de la descoordinación y los fallos de comunicación que a veces acompañan sus decisiones más polémicas. Pese a que tanto el presidente, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, guardan silencio en torno a cuál es el plan respecto a la contrarreforma de la ley del aborto con el argumento de que "no hay novedades" sobre este asunto y que aún se siguen estudiando los informes recibidos en busca del "máximo consenso", el ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió ayer lo que el pasado fin de semana publicaron este y algunos otros periódicos y está en boca de toda la clase política, pese a que los principales afectados en este culebrón rehuyen anunciarlo: que el Gobierno estudia dar marcha atrás para que la ley que pretende eliminar de un plumazo el derecho a abortar no vea la luz esta legislatura.
El titular de Educación, que por su cargo no ha tenido participación activa en la decisión gubernamental de cambiar la legislación actual (que regula el aborto libre hasta la 14 semana de gestación) por una restrictiva ley de supuestos --más allá de su participación en el Consejo de Ministros que en Navidad aprobó el anteproyecto diseñado por Gallardón--, aseguró ayer que el Ejecutivo ha abierto "un periodo de reflexión sobre la conveniencia temporal de ciertos aspectos" contenidos en el texto legal.
GRAN RECHAZO La referencia "temporal" al momento actual es una manera elegante de dejar caer entre líneas que el Gobierno es consciente de que la aprobación ahora de una norma que ha generado un rechazo unánime en la oposición y malestar en el sector médico y también en buena parte del PP, podría pasarle factura en las importantes citas electorales del 2015, con las municipales y autonómicas en mayo, en primer lugar, y las generales, a finales de año, en último término, sin contar con un eventual adelanto electoral en Catalunya que se podría colar por el camino.
Wert argumentó además que "no parece totalmente desorientado aguardar" a lo que el Tribunal Constitucional tenga que decir respecto al recurso que el PP presentó en su momento contra la ley actual. Esta afirmación supone una enmienda a la totalidad a lo que ha defendido hasta ahora el ministro de Justicia, quien siempre ha argumentado que no hace falta esperar a la sentencia puesto que el Constitucional se ha manifestado hasta en tres ocasiones sobre esta materia. De hecho, fuentes jurídicas apuntan que el TC dejó en suspenso el análisis sobre la ley de plazos aprobada en el 2010 ante la intención inicial del Ejecutivo actual de dejarla en papel mojado, lo cual habría hecho innecesario un pronunciamiento sobre la misma.
DIFICIL PAPEL DE GALLARDON Aún así, el ministro de Educación echó un capote a Gallardón al asegurar que este no se vería "desautorizado" por un posible aplazamiento de la ley en la que tanto empeño ha puesto porque "el Gobierno es solidario" y todos sus miembros participan de las "decisiones colegiadas". Wert confesó que la semana pasada compartió "un rato de confidencias" con el titular de Justicia en el Senado y que le transmitió allí toda su "solidaridad".
Otras voces del PP se unieron ayer a la Wert a la hora de arropar al exalcalde de Madrid, quien ha dejado correr el rumor de que está dispuesto a dimitir si su proyecto estrella decae definitivamente. Así, la líder del PPC, Alicía Sánchez-Camacho, aseguró que el "futuro político" de Gallardón "no estará ligado" a la reforma. Y, ante las tensiones en el Gobierno y la falta de una explicación oficial, la dirigente catalana apeló al socorrido argumento de que una "de las grandes carencias" del PP es que no sabe "explicar bien" lo que hace.
La coordinadora feminista convocó ayer manifestaciones el día 28 para exigir la paralización de la ley.
