No será necesario que los inmigrantes irregulares denuncien a sus empresarios para obtener los papeles. Esa propuesta del Gobierno socialista ha quedado excluida del borrador del nuevo reglamento de extranjería ante la oposición despertada por la medida, tanto entre las organizaciones de inmigrantes como desde la representación sindical. La gran mayoría han coincidido en que sólo serviría para alimentar tensiones y que en la práctica sería usada por pocos sin papeles.
La negociación del contenido del nuevo reglamento que llevan a cabo el Gobierno, los empresarios y los sindicatos ha entrado en la recta final y podría culminar la próxima semana. Aún no existe un principio de acuerdo global, pero sí hay consenso sobre algunas cuestiones concretas, como la de suprimir la denuncia.
Este sistema, anunciado durante la campaña electoral por el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero, había sido ideado como un acceso permanente a la regularidad para los inmigrantes, al margen de cualquier regularización extraordinaria de carácter transitorio. Debía servir para siempre y estaba dirigido a luchar contra el empleo sumergido, castigando con dureza a los empleadores denunciados.
Los negociadores también han acordado que el periodo que tendrán los inmigrantes para acogerse a la regularización extraordinaria que acompañará la aprobación del reglamento se prolongue tres meses. La petición ante la Administración deberá ser formulada por el empresario que tenga a irregulares a su cargo, que no será penalizado con el pago de cuotas atrasadas, como al principio se sopesó.
CONTRATO DE TRABAJO Más allá de esas medidas, el resto de condiciones de la regularización extraordinaria siguen abiertas. La Cadena SER aseguró ayer que se exigirá un contrato mínimo de seis meses (la propuesta inicial era de un año), y que en los casos de la agricultura y las empleadas de hogar el contrato podría ser de menor duración. Estas deberían acumular trabajar un total de 30 horas semanales para tener derecho a acceder a los permisos.
El inmigrante deberá demostrar, además, que lleva en España un determinado tiempo, probablemente desde que entró en vigor la última reforma de la ley de extranjería, el 22 de diciembre del año pasado.
