El centro territorial de TVE en la Comunidad Valenciana vive horas de incertidumbre. El Gobierno valenciano, propietario del edificio, amenaza con el desalojo si no llega a un acuerdo con la dirección de la cadena cuando el 17 de enero se cumplan los 10 años de cesión pactados en 1994.

Los cambios en la cúpula, derivados de la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, y el nombramiento de Carmen Caffarel al frente de RTVE no han caído bien en el Ejecutivo del popular Francisco Camps. La primera reacción fue eliminar la subvención de 3,6 millones de euros anuales (casi 600 millones de pesetas) que la Generalitat pagaba a la cadena para realizar espacios propios y promocionar la Comunidad.

La bomba explotó con el ultimátum del portavoz, Esteban González Pons, de llevar a término el desalojo de las instalaciones y trasladar allí Punt 2, el segundo canal autonómico. La reacción de los trabajadores de TVE obligó a González Pons a negociar. Lo que en principio era un desahucio, ahora es una propuesta para que la cadena estatal pague un alquiler o compre el edificio.