El Gobierno envió ayer al Parlamento el proyecto de ley que permitirá la supresión total de la publicidad en TVE. El texto será tramitado por vía urgente y podrá entrar en vigor el próximo otoño. A falta de ingresos comerciales, la televisión pública se financiará, además de con dinero público, con aportaciones de las cadenas privadas (3% de sus ingresos brutos anuales) y los operadores de telefonía e internet (0,9%).
Sin embargo, tras recibir varias observaciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Ejecutivo ha introducido dos cambios. Primero: suprimir el epígrafe donde se decía que las cadenas privadas de ámbito estatal (y las que emiten en más de una comunidad) que incumplan la obligación de financiar TVE perderían su licencia. Segundo: diferenciar entre cadenas en abierto y de pago. Estas últimas televisiones no deberán aportar el 3% de sus ingresos, sino solo el 1,5%.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su esperanza de que el proyecto obtenga el "mayor apoyo posible", argumentando que se "entronca con el espíritu de uno de los mejores reconocidos modelos de televisión, como es el caso de la BBC" y con las reformas del sector televisivo, que están "haciendo otros países de nuestro entorno más próximo".
Asimismo, está convencido de que, a través de la supresión, "se reforzará la corporación, se garantizará su equilibrio presupuestario y asegurará su estabilidad financiera". De esta forma, pondrán los cimientos para consolidar un modelo de radiotelevisión pública "fuerte", de "éxito", "mayoritaria en audiencia" y de "calidad".
