La adaptación a la nueva legislación de seguridad ambiental costará a la industria extremeña entre 1,8 y 3,5 millones de euros anuales a partir del 2010. Así lo establece un estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares para el Ministerio de Medio Ambiente en el que se analizan las consecuencias económicas que tendrá el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para que todas las empresas "potencialmente contaminantes" suscriban seguros obligatorios frente a posibles accidentes y ecológicos.

En estos momentos la medida afectaría a cerca de 140 empresas extremeñas inscritas en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes contaminantes (Eper), aunque en el futuro la cifra puede ser mayor si se materializan proyectos como el de la refinería en Tierra de Barros. Todas ellas estarán obligadas a contratar un seguro, aval bancario o reserva técnica con la que poder afrontar los daños medioambientales que puedan causar por su actividad industrial.

El objetivo es que sean las propias empresas y no el Estado, como ocurre hasta ahora, las que costeen los daños originados y la reparación de las zonas afectadas. No obstante, la medida no entraría en vigor hasta el 2010 y se implantaría de forma gradual, según el ministerio.

Muchas variables Los cálculos realizados por la Universidad de Alcalá indican que el coste de estas operaciones en la región podría oscilar entre los 1,8 y los 3,5 millones de euros cada año, en función del tipo de seguro o aval que suscriban. Para el conjunto del país, la estimación de gasto ronda los 100 millones de euros por ejercicio. En este sentido, el estudio apunta que Cataluña será la comunidad autónoma más afectada, ya que es la que tiene mayor número de empresas potencialmente contaminantes, mientras que Extremadura será la décima con más gasto. "Cuanto mayor sea el tamaño de la producción industrial y agroalimentaria de una región, mayor serán los costes para sus empresas", advierte el informe.

Este anteproyecto de ley, que aún debe pasar por las cortes, contempla la creación de un sistema de cupos para fijar el tipo de póliza que debe tener cada instalación. Así, en función del riesgo medioambiental que entrañen, deberán cerrar seguros o avales por hasta 20 millones de euros, en el caso de las industrias más peligrosas.

Todo ello afectará a refinerías, cementeras, empresas del vidrio, fabricantes de cerámicas, productoras de fertilizantes, industrias de gestión de residuos, mataderos y granjas de aves y cerdos, entre otras. Fuera de esta normativa quedarán las centrales nucleares, como la de Almaraz, que ya tienen una regulación propia, así como las Fuerzas Armadas y las empresas de transporte de hidrocarburantes.

Costes elevados En Extremadura el mayor coste global recaerá sobre la industria agroalimentaria y las explotaciones ganaderas, las más numerosas en la región. Aproximadamente tendrán que invertir, en su conjunto, un mínimo de cerca de 1,3 millones de euros anuales para cumplir con las exigencias de la futura ley. No obstante, el coste individual será menor y se fijará en función de cada caso. Según los cálculos medios de la Universidad de Alcalá, el desembolso para una granja o un matadero estaría en torno a los 18.000 euros anuales, mientras que para las industrias químicas serán 21.000 euros y para las vidrieras y las cementeras, 19.000.

Pero al margen de este desembolso, el estudio advierte de que habrá más consecuencias. Así, prevé una "pérdida de competitividad" de las empresas españolas, ya que el Estado ha optado por una legislación "más exigente" que la mayoría de los países de la Unión Europea.

En cuanto a los efectos positivos, señala que "mejorará la eficiencia de las empresas" y que se producirá un descenso de los accidentes, ya que las aseguradoras y las industrias tomarán más medidas para minimizar los riesgos. El estudio también reconoce que el Estado podrá ahorrar fondos públicos, ya que no tendrá que costear la reparación de los daños ocasionados, aunque sí deberá asumir el gasto derivado de la aplicación de la normativa, así como algunos casos especiales y concretos. En este sentido, la nueva legislación contempla la creación de un Fondo de Compensación de Daños Ambientales, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros y cuyo objetivo será cubrir los gastos derivados de circunstancias como insolvencias, disolución de aseguradoras o la prescripción de responsabilidades.

También señala que las empresas podrían acometer una renovación tecnológica y que podría haber un descenso de los accidentes laborales.

El anteproyecto de ley de Responsabilidad Ambiental, con el que se pretende adaptar la legislación española a las exigencias de la Unión Europea, ya cuentacon el visto bueno del Consejo de Ministros y se espera que a lo largo de este mes o en las primeras semanas de marzo logre la aprobación del Parlamento. Despuésserán las comunidades autónomas las responsables de desarrollarla y ejecutarla.