La crisis financiera y económica está dificultando el acceso incluso a las viviendas más asequibles, las promovidas por las administraciones públicas. Un total de 141 extremeños o familias de la región han tenido que renunciar a un piso del Plan Especial de Vivienda de la Junta durante los dos últimos años por las dificultades para acceder a la financiación para pagarlo.

La situación la venían denunciando los promotores, que exigían flexibilidad a las entidades financieras para poder iniciar nuevos proyectos y dar salida a las ya finalizadas; los ciudadanos, que han puesto de manifiesto el endurecimiento de las condiciones de crédito por parte de bancos y cajas; y los organismos oficiales, cuyos datos siguen constatando que estas quejas son una realidad. Una de estas instituciones es el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus últimas cifras, el pasado mes de enero se suscribieron en la región 1.092 hipotecas, cuando en el mismo mes del 2008 fueron 1.618 y en el 2007, 2.358.

Ahora son las Administraciones públicas las que constatan esta situación que, además, se une a las dificultades económicas por las que están pasando muchos extremeños en un escenario de incremento constante del desempleo. Así, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, desde el 2007 se han producido en la comunidad autónoma 141 renuncias, por motivos económicos, a viviendas del Plan Especial que ya estaban adjudicadas a sus futuros inquilinos. Todas ellas, de acuerdo con estas mismas fuentes, se debieron a la denegación del crédito hipotecario por parte de una entidad financiera o una sociedad crediticia.

Como ha publicado este diario, familias de Almendralejo, Plasencia y Cáceres se han encontrado en los últimos meses con problemas para que los bancos les concedan hipotecas para adquirir pisos del Plan 60.000.

PRINCIPAL CAUSA Esta circunstancia resulta llamativa porque se trata de las viviendas de menor renta. Así, dentro del Plan Especial de la Junta se encuentran inmuebles cuyo precio ronda los 69.000 euros, como las que corresponden al programa de 60.000 euros o las viviendas protegidas (VPO) en régimen especial --también se incluye la VPO de régimen general y las viviendas de tipo medio, que no superan los 120.000 euros de media--.

Y además, la económica es la primera causa de renuncia a un piso de iniciativa pública. En total, desde el 2007 se han visado 3.629 contratos, pero 252 adjudicatarios (el 7%) se han echado atrás a última hora --141 por denegación de la hipoteca--. Para la Consejería de Fomento, se trata de un porcentaje "mínimo" y subrayan que están trabajando, mano a mano con las empresas promotoras, para sustituir al comprador que renuncia "en el menor tiempo posible por un nuevo demandante". Asimismo, recuerdan que hay un compromiso de la administración regional para tratar de que las denegaciones de hipotecas sean las mínimas posibles: "Prueba de ello es el convenio suscrito con las entidades financieras para facilitar la financiación de viviendas del Plan Especial".

El director general de Arquitectura y Programas Especiales de Viviendas, José Timón, que no ha querido entrar a valorar estos datos, reconoció en febrero ante la Comisión de Fomento de la Asamblea de Extremadura que estaban detectando que "en algunas entidades financieras no se trataba por igual a los solicitantes de créditos bancarios, además de que algunas de éstas estaban abusando de los avales".

OTRAS RENUNCIAS Además de la denegación de la hipoteca, entre las causas más frecuentes de la renuncia a una VPO se encuentran la ruptura de la pareja que optaba a la vivienda, el traslado de domicilio o lugar de trabajo, que el comprador ya disponía de otra vivienda o que se comprobara a posteriori que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para adquirirla.