La Consejería de Sanidad también controla que la situación de las piscinas de uso colectivo, públicas o privadas, no suponga un riesgo para la salud de los usuarios.
Cada año se realizan más de 4.000 auditorias, con inspecciones in situ para comprobar que el agua cumple con la exigencias físicoquímicas y microbiológicas y que las instalaciones mantienen todos los requisitos sobre seguridad.
El año pasado se abrieron 70 expedientes sancionadores en las 710 piscinas de uso colectivo registradas en la comunidad. Además, se tramitaron nueve propuestas de cierre. Los problemas más habituales son la alteración de los parámetros fisioquímicos y la falta de higiene.
Las lesiones y enfermedades sufridas por actividades en las zonas de baño cuestan a la sanidad extremeña entre 800.000 y un millón de euros al año, según datos de la Consejería de Sanidad. Las afecciones más frecuentes son otitis, conjuntivitis, gastrointeritis, quemaduras y fracturas.
