La delegada de la Agencia Tributaria en Extremadura, María Teresa Pisano, dio a conocer el mayor fraude del IVA de la región durante una rueda de prensa para informar sobre el delito fiscal detectado en la comunidad en el ejercicio 2003, que ascendió a un total de 161 millones de euros, de los que 56 eran de procedencia delictiva, por lo que el caso de las empresas informáticas ficticias, cuantificado en 45 millones, supone en torno al 40% del total.

Fue Pisano quien una vez informada por los servicios de Inspección y de Aduanas de la Agencia Tributaria, puso el caso en manos de la justicia ordinaria y llegó al Juzgado de Olivenza, por ser esta población la sede del domicilio fiscal de una de las empresas. La juez imputó a 4 personas en principio, luego se sumaron 3 y una más, en una semana, hasta que finalmente son 9 los imputados.

La delegada de la Agencia Tributaria advirtió de la complejidad del caso, como luego ratificaron el fiscal jefe de Badajoz, Antonio Mateo, la propia juez de Olivenza y fuentes de la policía, que aclararon que no intervinieron en este caso, que llevó directamente el servicio de Aduanas.