La Fiscalía de Extremadura ha instruido este año unas 550 causas por hechos relativos a la siniestralidad laboral, y tan sólo unas 45 siguen abiertas. Este, según las estadísticas, es el número de procedimientos judiciales que por hechos relacionados con la siniestralidad laboral se siguen aún tramitando y podrían llegar a juicio.
En unos casos se llegará a juicios de faltas, si se comprueba que efectivamente han sido consecuencia de alguna infracción de la normativa laboral, y en otros se procederá a su archivo, al no poderse demostrar o constatar infracción alguna.
Pese a todo, en la mayor parte de estos accidentes, ocasionados normalmente por actos imprudentes, bien del propio trabajador o bien por la falta de medidas de seguridad en las empresas, se suele producir el archivo. Así lo constata el fiscal-jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, que cifra en aproximadamente el 90% los casos que se archivan directamente.
POCAS DENUNCIAS Blanco destaca que estos procesos que se archivan "son debidos a que nadie quiere presentar denuncia por los hechos ocurridos o porque, sencillamente, no existe constancia probada de que haya tenido lugar una irregularidad en el ámbito de la adopción de las medidas de la seguridad e higiene correspondientes".
Además, el fiscal jefe advierte que en el caso de que se produzca la muerte del trabajador --ya van 28 muertes por accidente en este año--, "esto no supone modificación de la imprudencia, que será leve o grave en atención no al resultado, sino en atención a la gravedad de la imprudencia que se haya cometido".
En referencia a las multas que se imponen en condenas por faltas o delitos de siniestralidad laboral, Blanco señaló que suelen ser elevadas, "porque como son proporcionales a los ingresos del autor, y como normalmente se trata de empresas y sociedades mercantiles que tienen importantes recursos económicos, las multas que se ponen suelen ser multas cuantiosas".
