El paso dado ahora por la Comisión Europea es el primero en el proceso de apertura de un procedimiento de infracción. Se trata de un apercibimiento por escrito en el que se exige al Gobierno que presente observaciones a las irregularidades detectadas, para lo que tendrá un plazo de dos meses. Si Bruselas considera que las explicaciones no justifican la infracción o si el Gobierno no responde, emitirá un dictamen final en el que se establecen los motivos por los que considera que se ha infringido el derecho de la Unión Europea.
En este punto se instará a corregir la situación en un plazo determinado, que habitualmente también es de dos meses. Si a pesar de este dictamen no se acata la decisión del Ejecutivo, el caso pasará al Tribunal de Justicia Europeo y la Comisión podría fijar fuertes sanciones económicas para el Estado. Fuentes de la Comisión Europea han confirmado que la carta de emplazamiento ya ha sido remitida a las autoridades españolas, pero ni el organismo comunitario ni el Gobierno central han revelado en qué términos se fija el apercibimiento.
