La nueva ley educativa incorporará una serie de requisitos al sistema educativo cuyo cumplimiento será objeto de análisis de un nuevo organismo que incorpora la propia norma: La Agencia Extremeña de Evaluación Educativa. Será un ente público adscrito a la propia Consejería de Educación que tendrá como principal objetivo hacer cumplir la premisa de la nueva ley de ofrecer a los extremeños una educación de calidad en igualdad de oportunidades sin importar el lugar de residencia.

Pero sus funciones no se limitarán a analizar los resultados obtenidos por los alumnos, sino que también tiene encomendada la tarea de proponer medidas correctoras a los problemas que perjudican al funcionamiento de los centros educativos. Asimismo colaborará en la promoción de la evaluación continua por los centros docentes de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo y de los resultados de su alumnado; y fomentará la evaluación y acreditación del profesorado; e informar a la sociedad del funcionamiento y los resultados del sistema educativo extremeño.

En cuanto a los planes de actuación de este organismo, se establecerán teniendo en cuenta las prioridades del sistema educativo, por lo que dichos programas aportarán información que permita valorar la consecución los principios y los fines de la educación. A la hora de establecer medidas concretas, deberá tener en cuenta en todo momento las demandas de la sociedades y las necesidades del propio sistema.

Por otra parte, con la aplicación de la nueva norma los centros educativos disfrutarán de un mayor grado de autonomía para gestionar sus propios recursos y para atender a sus propias necesidades. Para ello, la propuesta de la Consejería de Educación ya recoge la necesidad de que los propios centros fomenten la participación de los profesores, los alumnos y sus padres en el proceso educativo.

En esta línea, la Consejería de Educación potenciará la creación de redes de centros escolares comprometidos en el diseño de planes de trabajo integrados en proyectos educativos de ámbito territorial, y asimismo reconocerá al profesorado el protagonismo que posee así como su capacidad de decisión en la propuesta de acciones formativas. Favorecer la formación del profesorado en el centro como medio eficaz para la reflexión sobre la práctica docente en el día a día, o fomentar la evaluación de la calidad educativa de los centros, son otros de los objetivo marcados para la Administración educativa, que se compromete a dotar con recursos a los centros implicados en procesos de mejora de la práctica educativa.

Puesto que se habla tanto de economía organizativa como económica, el documento de debate propuesto por la Consejería ya recoge el compromiso de establecer el marco normativo que permita que los centros cuenten con los recursos necesarios y con la capacidad suficiente para tomar decisiones de mejora en su proyecto educativo desde el respeto a los principios que sustentan el sistema educativo.