A partir del curso 2001/2002, se eliminó la obligatoriedad de presentar, junto al impreso de beca, la declaración de la renta y del patrimonio. En cambio, el Ministerio de Educación pasó a comprobar los datos económicos facilitados por el alumno recurriendo a la Agencia Tributaria. Este sistema desveló en la Uex casi un millar de fraudes, ya que se habían ocultado ingresos distintos de la nómina habitual o rentas de capital mobiliario.

Además, el ministerio realizó comprobaciones en el catastro, que hicieron aflorar otros 60 casos donde el alumno había ocultado la posesión de fincas cuyo valor catastral superaba lo que la normativa marca para el acceso a las ayudas. Estos dos factores dieron lugar a que se denegaran 1.023 becas.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también ha examinado la diligencia con la que las universidades tramitan las ayudas ante el ministerio. En este caso se pudo constatar que de las 15.146 solicitudes de beca que gestionó la Uex, 240 llegaron fuera del plazo límite marcado, lo que supone el 2% del total.

En todo caso, este porcentaje es de los más bajos de toda España, sólo por encima del de la Complutense madrileña. En el lado contrario, los centros privados envían más del 70% fuera de plazo.