El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, reunió el 14 de noviembre del 2008 --cuando la crisis era ya más que una amenaza-- a medio millar de cargos de su administración, tanto de libre designación como funcionarios. La idea era celebrar una reunión con todas aquellas personas que, de un modo u otro, gestionan el presupuesto de la Junta, para poner en marcha medidas de austeridad y de contención en el gasto público. Es decir, que el jefe del Ejecutivo pedía a su personal que se apretara el cinturón porque se avecinaban tiempos difíciles para las cuentas autonómicas.

Pero aquella reunión tuvo un protagonista que no estaba citado: el nuevo coche oficial de la vicepresidenta segunda, Dolores Aguilar. Un Lexus valorado en 70.000 euros que desembocó en la dimisión de su ocupante, que se saldó con la devolución del vehículo y la ratificación en el cargo de la también consejera de Economía por parte de Fernández Vara.

Este fue el detonante de un debate que cristalizó en el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y el Partido Popular para definir de qué forma gastarse el dinero de los contribuyentes. El Código del Buen Gobierno se firmó el 8 de octubre del 2009, y en él se limita el gasto en cuestiones como la compra de coches, viajes, dietas o facturas de teléfono y calefacción.

Con este acuerdo los principales partidos políticos propugnaban un nuevo ajuste en el cinturon, que en este caso afectaba a todas las instituciones gobernadas por uno y otro. Es decir, a la Junta, la Asamblea, las diputaciones provinciales y el 90% de los municipios extremeños.

En ese acuerdo ya se incluía la congelación salarial mientras el crecimiento del PIB sea negativo. En cuanto a los coches oficiales, los que transporten a los consejeros no superarán los 30.000 euros, un presupuesto que se reduce a 18.000 para el resto. Los viajes se realizarán en vuelos regulares, y el alojamiento en hoteles que no superen las cuatro estrellas. La cantidad fijada en dietas es de 60 euros diarios.

Los cargos renuncian además a percibir remuneraciones económicas periódicas de más de una administración pública, y sus bienes y salarios se publicarán en internet cada mes de enero. Las reformas en despachos y adquisición de muebles deben estar plenamente justificadas.

Todas estas medidas verán multiplicado su efecto desde el momento en el que se ejecute el nuevo plan del presidente de la Junta por el que prescindirá de uno de cada tres cargos y puestos de confianza. A menos personal, menos gasto.