El promotor de la operación Corte Inglés , Jesús Alarcón, pidió ayer a la Junta y al ayuntamiento que mantengan el convenio actual de las Carmelitas y que la opción que le plantea el gobierno regional de ceder un 35% de suelo, no sea en ese solar sino en cualquier otro que estime el ejecutivo municipal. La fórmula de Alarcón se denomina unidades de ejecución discontinuas y, según insistió el empresario, está recogida en la normativa urbanística. El promotor aseguró que si no tiene esos terrenos, "los compro", y que podrían estar en cualquier zona que le interesara al consistorio.

Alarcón explicó que su propuesta demuestra su interés "en buscar soluciones" y, por ello, anunció que hoy solicitará una reunión con el presidente de la Junta, con el de la Agencia de la Vivienda y con el alcalde para alcanzar un acuerdo. "Yo les pregunto: ¿me dejan trabajar con ustedes? Yo estoy dispuesto a colaborar", dijo el empresario, que añadió: "Si lo que quieren es buscar soluciones al margen del promotor, que lo digan".

Alarcón se preguntó: "¿Qué quieren, jugar con El Corte Inglés y con las Carmelitas sin saber qué es lo que van a decir o amarrar una cosa que está segura porque está firmada?". En este sentido, recordó que el compromiso de El Corte Inglés de instalarse en Las Carmelitas expira el 31 de diciembre. Y matizó: "Me reservo la respuesta de si mi compromiso de compra de los terrenos con las monjas es prorrogable o no".

Respecto a la cesión del 35% del solar, argumentó: "Tengo muchas dudas sobre la interpretación de la ley. ¿Quién marca la legalidad, el señor Corominas o la ley? Me parece que están confundidos". Alarcón confesó estar "total y absolutamente sorprendido" del anuncio efectuado por Ibarra. "Me extraña muchísimo esta posición y me imagino que parte de la Agencia Extremeña de la Vivienda", subrayó.

El promotor insistió en su extrañeza apelando a que "hay informes técnicos que dicen que se puede monetarizar la operación. Eso está en el expediente y nadie lo ha cuestionado. No me esperaba esta solución". El empresario indicó que consultará con sus asesores jurídicos la argumentación legal que defiende el gobierno regional. "Hasta ahora se debatía el dinero, los 2,5 millones, yo con la ley en la mano hubiera estado dispuesto a subir. Ahora dicen que eso no puede ser. Pido que lo justifiquen porque, fuera del ayuntamiento, no me he reunido aún con nadie".