El próximo 29 de abril se inicia el proceso de escolarización en los centros extremeños sostenidos con fondos públicos, por lo que los agentes políticos y sociales vuelven a alertar sobre los fraudes de los padres al aportar documentos como certificados de empadronamiento o declaraciones de la renta para conseguir plaza en el centro deseado.

La consejera de Educación, Eva María Pérez, manifestó su deseo de que "los padres que tengan la más mínima tentación de cometer un fraude" se guarden de hacerlo y afirmó que desde la Junta de Extremadura "no hay por qué poner en marcha ninguna medida novedosa en este sentido", puesto que se ha avanzado mucho en la transparencia de este proceso que "cada vez es más garantista".

Pérez también resaltó la colaboración que se mantiene con otras entidades, como por ejemplo, los ayuntamientos, "fundamental para verificar los certificados de empadronamiento" y que el niño realmente reside donde ha sido inscrito. Igualmente indicó que las medidas sancionadoras para las familias que cometan fraude están perfectamente tipificadas, "porque la falsedad de documentos es un delito". Por ello, hizo un llamamiento a "la responsabilidad y cautela" de las familias en lo que a este proceso respecta.

Por su parte, el diputado popular César Díez Solís, portavoz del partido en materia de educación, confirmó que "siempre que hablemos de supuesto fraude la Administración tiene que controlar a través de consejos escolares que garanticen la igualdad".

Solís también afirmó que esto lo que viene a significar es que "realmente no hay libertad para elegir centro, porque conlleva a la supuesta práctica de este tipo de acciones fraudulentas.

Desde Freapa (federación de asociaciones de padres) aseguran que estas prácticas realmente existen, aunque en la actualidad, tienden a reducirse.