Franco señaló que el debate ha dado pie a dos grupos de regiones con posturas encontradas. De un lado, el frente norte y oeste, con Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, a las que se sumaría Aragón. De otro, en el frente este estarían Cataluña, Baleares y Valencia.

El punto de conflicto está en que las primeras se decantan porque en la financiación se valore el criterio de población, pero corregido con el envejecimiento --a mayor porcentaje de población envejecida, más gasto en sanidad y servicios sociales-- y la dispersión --no cuesta lo mismo prestar un servicio a una población de un millón de habitantes concentrada en una ciudad, como es el caso de Valencia, que a la misma población diseminada en 42.000 kilómetros cuadrados, como es el caso de Extremadura--. Las segundas quieren que se aplique un criterio de población puro y duro, sin matices.

El consejero de Hacienda explicó que se trata de "aliados naturales, no por simpatía, antipatía o ideología, ya que en uno y otro lado hay gobiernos socialistas y populares".

También existe otro grupo de regiones que no tiene clara su adscripción. Es el caso de Murcia o Andalucía, donde territorio y población pesan por igual y no se verían claramente perjudicadas por ninguna opción.