El debate está servido. El ministro de Educación, Angel Gabilondo, ha sugerido la posibilidad de ampliar la edad mínima para permanecer en la enseñanza obligatoria, pasando de los 16 a los 18 años. Esta posibilidad, que en todo caso no tendría una ejecución inmediata, provocaría importantes cambios en la enseñanza actual y también en el mercado laboral. El sistema educativo se vería afectado porque estaría obligado a abrir sus puertas a más alumnos, y por tanto incrementaría el gasto público en educación, pues habría más aulas, más centros, más profesores, etc.
¿Puede calcularse el número de alumnos que estarían obligados a continuar en el sistema educativo hasta los 18 años? Si se toma como base que el destino fundamental de los alumnos que abandona los estudios se encuentra en el mercado laboral, se podría estimar que, si la medida entrara en vigor el próximo curso --algo que no ocurrirá, porque la iniciativa del ministro es a largo plazo--, las aulas de los institutos extremeños tendrían que estar preparadas para acoger a unos 8.200 escolares más.
Este es el número de extremeños que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), tienen un empleo o están en su búsqueda. Por tanto, teniendo en cuenta que el gasto por alumnos ronda los 5.000 euros año, el presupuesto de la Consejería de Educación tendría que crecer en 40 millones de euros.
En concreto, hay aproximadamente 4.200 trabajadores y 4.000 parados. De fructificar la propuesta del ministro, estos chicos no podrían formar parte de las listas de empleo, sino que volverían a las educativas.
ABANDONO ESCOLAR El mercado laboral es el destino prioritario de los alumnos que se marchan prematuramente del centro educativo. El abandono escolar temprano, es un indicador educativo que se refiere al hecho de no lograr el título educativo obligatorio mínimo (lo que se conoce como fracaso escolar) o no seguir estudiando tras haberlo logrado. En Extremadura se calcula que uno de cada tres alumnos son víctimas del abandono escolar. Los sindicatos de profesores extremeños consideran que la propuesta del ministro Gabilondo, lejos de solucionar este problema, podría agravarlo. Además, no son partidarios de prolongar el periodo en el que se mantiene encerrados en las aulas a aquellos alumnos que demuestran año a año que no quieren estudiar, y cuya falta de interés perjudica al desarrollo de las clases y, por tanto, al apredizaje de sus compañeros.
Algunos representantes de los docentes, como José Manuel Chapado, del sindicato PIDE, mantiene que esta medida no sería positiva para el sistema educativo. En su opinión, no beneficia a los buenos estudiantes, pues quienes quieren seguir estudiando salen del instituto con 18 años igualmente, pero con el Bachillerato completado, mientras que para los que no quieren estudiar, supondrá que su entrada en el mercado de trabajo se retrase dos años más.
Algunos padres consultados por EL PERIODICO se mostraron partidarios de ampliar la edad porque ello supondría un mayor periodo de formación, así como que terminarían la enseñanza obligatoria más maduros y, por tanto, con mejor criterio para elegir su futuro.En representación de los padres de la enseñanza concertada, Rafael Ramos, afirma que es una buena idea siempre y cuando se realice de forma consensuada y tras un debate sereno entre todas las partes implicadas.
La otra consecuencia aparejada al aumento del número de alumnos sería el correspondiente incremento del gasto en la enseñanza obligatoria, una competencia que tienen asumidas, en este caso, las comunidades autónomas, que tendrían que ampliar las partidas destinadas a este concepto. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, del año 2005, el gasto público por alumno no universitario en Extremadura se eleva a 5.017 euros, en el caso de los centros públicos, y a 4.505 para los concertados. Así, la Junta de Extremadura tendría que sumar 40 millones de euros más al presupuesto educativo, lo que supone un 4% más del presupuesto manejado este año por la Consejería de Educación.
