El melón territorial está abierto. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está convencido de que ha llegado el momento de abrir un profundo e intenso debate en lo que se refiere tanto a los Estatutos de Autonomía como a determinados apartados de la Constitución.

En los últimos meses han sido muchas las comunidades que se han mostrado interesadas en acometer una reforma estatutaria, y no sólo Cataluña y el País Vasco como puede parecer en una primera impresión. Andalucía quiere que se aborde el grave problema de la inmigración ilegal --es la comunidad que se ha convertido en la auténtica puerta de entrada--, Baleares pretende cambiar el sistema de elección de los consells y Madrid apuesta por modificar su actual división territorial.

Pero no son los únicos. Canarias quiere que los textos legales reconozcan sus características especiales como región ultraperiférica y Navarra que se suprima la disposición adicional cuarta de la Constitución, que contempla la posibilidad de que esta región se integre en el País Vasco. A estas apetencias, poco conocidas por lo general, se suman las de Cataluña y País Vasco, cuyo primer objetivo es que se reconozcan en la Constitución los rasgos diferenciadores de determinadas comunidades. ¿Problema de fondo o sólo de forma? El tiempo será el que dicte la respuesta acertada a este respecto. Y, por supuesto, el Plan Ibarretxe , que incluye el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

Reunión de presidentes

Lo cierto es que el Gobierno está dispuesto a hablar de éstos y de otros temas sin tapujos. Para ello se ha creado la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas, un organismo que se reunirá por primera vez en el mes de noviembre y que podría configurarse como el foro ideal para debatir tanto el modelo de Estado como como las reformas de los estatutos regionales.

Aunque no hay una agenda de trabajo marcada, el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de avanzar decididamente en varios frentes que los presidentes de casi todas las comunidades consideran vitales. El primero, la tan cacareada reforma del Senado para que de una vez por todas se convierta en una Cámara de representación autonómica y deje de ser una sala de segunda lectura sin casi ningún poder ejecutivo ni función real.

Otro de los asuntos recurrentes, el de la representación de las comunidades en las instituciones europeas, también aparece en el punto de mira de ZP . Como primer paso, Zapatero ha ofrecido a los presidentes regionales la posibilidad de participar en las cumbres internacionales que España celebre con sus países fronterizos. Asimismo, las autonomías tendrían a su disposición uno de los dos delegados que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene en la Representación Permanente ante la Unión Europea.

Por último, se ha comprometido a buscar fórmulas para que puedan participar de alguna forma en el Consejo de Ministros europeo.