Las asociaciones de defensa de los animales, que tendrán la consideración utilidad pública , podrán demandar ayudas de la Junta, así como instar a las autoridades competentes a que realicen inspecciones donde se sospeche que se estén cometiendo irregularidades.
Por otro lado, la normativa encomienda a los ayuntamientos el cumplimiento de la ley, así como la creación de un censo de perros, cuyos datos deberán ser comunicados al registro central de la Junta. También se les faculta para crear espacios para el paseo de los canes.
