La reacciones a nivel nacional a la retirada de crucifijos en el colegio de Almendralejo han sido dispares. El director general de Relaciones con las Confesiones, del Ministerio de Justicia, José María Contreras, asegura que el Gobierno tendrá que asumir "más tarde o más temprano" la cuestión de los crucifijos en las aulas, ya sea a través de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) o de otra norma.

Contreras aboga por que exista una normativa general que establezca cuál es la solución al problema, ya que, a su juicio, "no se puede estar dando una solución caso a caso". No obstante, afirma que los jueces pueden dictar sentencia para los casos concretos, como el de Almendralejo, pero no pueden ordenar que se quiten todos. "Con una norma general, evitaremos que esto se judicialice continuamente", puntualiza, al tiempo que indica que, en caso contrario se llegará a "un absurdo" de que en un mismo centro público haya clases sin crucifijo --porque un padre lo ha pedido-- y en otras no.

Por otra parte, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) achacan al "laicismo" imperante en España la retirada de crucifijos en las aulas, mientras que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) aplaude la decisión adoptada en el colegio Ortega y Gasset.

Para el presidente de Cece, Antonio Rodríguez-Campra, el crucifijo "forma parte de la cultura" española y considera la decisión "un ataque" a las mayorías que reconocen este símbolo como "de entrega y de cariño al prójimo".

En la misma línea, el presidente de Concapa, Luis Carbonel, lamenta la sentencia y el "laicismo radical excluyente del cristianismo" que, a su juicio, supone y remarca que existe un "afán de persecución". Asimismo, ha indicado que el crucifijo, además de ser un símbolo cristiano, es "un signo de identidad cultural de todo un continente".

Por el contrario, el presidente de Ceapa, Pedro Rascón, aplaude la retirada de los crucifijos de las aulas pues, a su juicio, es "lógico y razonable" al ser un colegio público y porque en un estado aconfesional "no tiene sentido que haya símbolos de una creencia que predominen sobre otros".

Los grupos parlamentarios de IU y ERC entienden que la Ley de Libertad Religiosa evitaría casos como el de Almendralejo. El PP, por su parte, apuesta por defender la libertad religiosa y señala que este caso es un hecho "concreto" y el segundo de estas características en España.