La reforma de la ley del aborto no ha estado exenta de polémica. De hecho, el PP la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por entender que vulnera el derecho a la vida del feto. Frente a eso, hay quien considera la nueva normativa "un avance social importantísimo". Es el caso de Miguel Montejo, director de la Clínica Guadiana de Badajoz, la única autorizada en Extremadura para practicar interrupciones voluntarias de embarazos: "la legislación anterior solo garantizaba la prestación del servicio, pero no lo consideraba una prestación pública, como ocurre ahora. Y ha pasado de ser un proceso tutelado por el médico a una decisión libre de la mujer". Para el doctor Montejo, la reforma "normaliza totalmente el derecho al aborto en España".
La entrada en vigor de la nueva Ley de Salud Sexual y de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica que el aborto entra en la lista de servicios cubiertos por la sanidad pública. Ello ha obligado a las comunidades autónomas --que tienen las competencias sanitarias-- a diseñar protocolos de atención. En Extremadura, los Centros de Orientación y Planificación Familiar han asumido la gestión de los casos, aunque también se puede acudir directamente a una clínica autorizada, asumiendo el coste de la intervención.
La doctora Azucena Llopis forma parte de la directiva de la Asociación Extremeña de Planificación Familiar y Sexualidad: "lo primero en el centro de planificación es confirmar y datar la gestación. Luego se informa a la paciente sobre los métodos de interrupción, las condiciones previstas en la ley, los centros públicos y privados a los que puede acudir y los trámites para acceder a la prestación". En esa consulta la mujer embarazada recibe un sobre con información sobre las ayudas públicas y la cobertura sanitaria, sus derechos laborales y los métodos anticonceptivos, entre otras cosas. En el caso de ser menor de 18 años, también se entrega un documento de consentimiento que debe firmar un tutor legal. "El 99% de las menores acuden con sus padres", asegura el doctor Montejo.
Tras esa primera consulta, las mujeres disponen --por ley-- de un plazo mínimo de tres días para reflexionar sobre su decisión. Si mantiene su intención de interrumpir la gestación, el centro de planificación cursa la solicitud ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), que "tramita la cita para la intervención" con la clínica. En Extremadura ningún centro público practica abortos voluntarios y los casos son derivados a clínicas privadas concertadas --a Badajoz las gestaciones inferiores a 14 semanas, y a Madrid el resto--.
El siguiente paso es la intervención quirúrgica, aunque si el embarazo no supera la séptima semana se puede realizar un tratamiento a base de fármacos. "En la clínica la paciente es sometida a un preoperatorio completo, con anestesia general suave, y después se practica un legrado por aspiración", explica el doctor Miguel Montejo. Salvo complicaciones, una hora después de la operación la paciente recibe el alta quirúrgica y regresa a casa. Dos semanas después pasa revisión "y recibe el alta definitiva", señala el director de la Clínica Guadiana, donde también se presta una atención e información previa similar a la de los centros de planificación.
