Las redes de inmigración ilegal han proliferado en los últimos años en Extremadura, y especialmente en la provincia de Badajoz. La mayoría de estas mafias están relacionadas con la prostitución o con la colocación de temporeros con motivo de las campañas agrícolas.
Los datos no dejan lugar a dudas. A lo largo del año pasado las grandes operaciones del Ministerio del Interior contra clubs de alterne de Extremadura se saldaron con 145 detenidos, 18 más de los que se registraron en el 2003 (127). El 2005 se ha iniciado, tras la operación desvelada ayer, con 17 detenidos más. Es decir, que en apenas dos años han sido detenidas cerca de 300 personas.
El problema es que en la mayoría de los casos los responsables de las redes y los clubs de alterne se van de rositas en el ámbito judicial. Expertos en la materia, como el letrado cacereño Angel Luis Aparicio, reconocen que estos casos suelen resolverse con sentencias absolutorias porque resulta difícil demostrar las denuncias con pruebas. "Esta es la causa principal, que la mayoría de las denuncias después no se corroboran con otras pruebas".
Circunstancias
Así, pueden producirse varias situaciones, tales como que las denuncias no sean ciertas, que las denunciantes llegado el momento del juicio no se presenten o que no haya pruebas para demostrarlas. "Se dan circunstancias en que las denuncias no son ciertas, en cuanto al sentido del engaño a mujeres para salir de su país, puesto que muchas de ellas, después de denunciar, permanecen en el ejercicio de la prostitución en otros locales", apuntan.
Entre los casos más destacables de los últimos años resalta la operación desarrollada por la Guardia Civil en abril del 2003 contra una red de internacional de prostitución. En aquella ocasión fueron detenidas 14 personas, siete de ellas extranjeras, de las que dependían locales de alterne de las dos provincias extremeñas y de Toledo. Introducían en España a mujeres procedentes de Brasil y Rumanía y las obligaban a prostituirse y, en ocasiones, a abortar. Finalmente fueron juzgados en la región diez proxenetas, y el caso aún está pendiente de resolución judicial tras varios aplazamientos.
En noviembre del año pasado la Policía Nacional detenía en Badajoz a dos rumanos, responsables de una red de inmigración ilegal que atraía a jóvenes de Rumanía con falsas promesas de trabajo. Posteriormente las obligaban a prostituirse en un club de alterne de Badajoz. Ese mismo mes, en Mérida fueron detenidas dos personas y expulsadas del país 16 extranjeras en situación irregular, todos ellos relacionados con un club de alterne de la ciudad.
Otro de los casos llamativos, aunque no está relacionado con el mundo de la prostitución, es el del ciudadano búlgaro Emil Todorov, de 58 años, que fue detenido en Badajoz hace unas semanas acusado de haber introducido en la región a treinta compatriotas suyos a los que cobró un total de 9.000 euros. Meses antes había sido detenido un rumano en circunstancias similares, puesto que introdujo en la comunidad a 25 extranjeros a los que cobraba una media de 250 euros a cambio de una supuesta oferta de trabajo para recoger uva y aceituna.
Si algo quedó claro en ambas ocasiones es que las principales víctimas de estas redes eran los propios inmigrantes, estafados por sus compatriotas.
