El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer, por 10 votos contra cinco, paralizar temporalmente la exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo autorizadas por el juez Baltasar Garzón, incluida la que supuestamente alberga los restos del poeta granadino Federico García Lorca. También se encuentran entre las exhumaciones autorizadas por Garzón, y que ahora habrá que detener, las dos fosas situadas en el termino municipal de la localidad extremeña de Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, donde los trabajos se habían iniciado hace apenas una semana.
Los familiares de las cinco mujeres que se encuentran enterradas en las dos fosas de la Vera se mostraron ayer sorprendidos y "muy dolidos" con la decisión que, a instancias de la Fiscalía, adoptó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo hizo durante un pleno que fue convocado, con carácter extraordinario, tras recibir esa misma mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos hasta tanto se dirima si Garzón es competente para llevar a cabo la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
El escrito del Ministerio Público, firmado por el fiscal Carlos Bautista al encontrarse fuera de España el fiscal-jefe, Javier Zaragoza, se justifica en que las exhumaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación".
La Sala, que estuvo reunida durante más de dos horas, acordó ordenar al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones acordadas por su titular, Baltasar Garzón, y su sustituto, Santiago Pedraz, a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". Y señaló que se toma esta decisión "en estricto cumplimiento" del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que mientras no se resuelva el incidente de competencia "deben practicarse exclusivamente las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia", entre las que no figurarían las exhumaciones.
Esta resolución de la Sala de lo Penal contó con el voto particular de cinco magistrados contrarios a la paralización de la apertura de fosas. Estos cinco magistrados expusieron como argumento la imposibilidad de detener una investigación penal que ya se encuentra en marcha, tal y como recoge el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y sostuvieron, además, que la Fiscalía debería haber recurrido de manera particular las resoluciones en las que el magistrado y su sustituto, Santiago Pedraz, autorizaban la apertura de fosas en 25 lugares de España.
DESILUSION EXTREMEÑA En la comunidad extremeña la noticia fue acogida como un "absoluto despropósito" por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), y como "una gran desilusión" por los familiares de las víctimas de las fosas autorizadas por Garzón y los técnicos que en ellas estaban trabajando desde el pasado 30 de octubre.
Uno de ellos, Jimy Jiménez, el arqueólogo que dirige los trabajos, visiblemente contrariado con la decisión de la Sala de lo Penal, no supo precisar "si lo que se va a hacer es paralizarlo absolutamente todo, o es un intento de parar las designadas por Garzón en octubre", pero no obstante señaló: "parece que son más representativas o más importantes unas fosas que otras, cuando aquí todo el mundo sabe que se está trabajando, de norte a sur y de este a oeste, en muchas más exhumaciones que las que hay en el despacho del juez Baltasar Garzón".
Mientras, Lucio García, cuya abuela y dos tías se encuentran en las fosas extremeñas de la finca Las Albarizas, donde fueron fusiladas el 26 de septiembre de 1936, confesó sentirse "fatal". Reconoció, textualmente, que "el cabreo y la perplejidad que tenemos es impresionante, máxime teniendo en cuenta que después de tantos años parecía que teníamos libertad para hacerlo, y ahora resulta que ordenan parar las excavaciones".
Por su parte, el presidente de la ARMHEx, José Manuel Corbacho, tras resaltar su sorpresa ante la "celeridad" de esta decisión de la Audiencia Nacional, la calificó como un "absoluto despropósito". Se mostró en "total desacuerdo", manifestó su consideración de que "no concurren los requisitos legales para proceder a esta paralización", y dijo no entender cuáles son esos perjuicios irreparables a los que se alude la Fiscalía para pedir la paralización, "pues los perjuicios los vienen sufriendo las familias desde hace muchos años".
Corbacho reconoció que todas las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica del país sabían que este iba a ser un camino largo y difícil, pero aseguró que seguirán en la lucha. "Hubiéramos esperado otra actitud y otra sensibilidad por parte de la Fiscalía, y aunque no nos ha sorprendido, sí nos ha desilusionado", lamentó el presidente de la ARMHEx, quien sobre posibles actos de protesta indicó que, tras la reunión de las plataformas de asociaciones, la estatal adoptará una decisión conjunta que se podría dar a conocer la próxima semana.
