El Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) que desde mediados del 2009 ha permitido cobrar 426 euros mensuales a parados que no percibían ningún tipo de prestación, ya tiene relevo. Se trata de una ayuda de 350 euros que estará ligada a la formación y que se incluye dentro de un paquete de medidas sobre políticas activas de empleo que fue dado a conocer ayer a las diferentes comunidades autónomas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales.

"No vamos a dar solo protección", dijo el ministro, que agregó que "intentaremos ayudar a los desempleados a través de los servicios públicos de empleo a conseguir un nuevo trabajo". La ayuda tendrá, sin embargo, fondos limitados, por lo que el número de perceptores estará condicionado por la disponibilidad presupuestaria.

La consejera de Igualdad y Empleo de la Junta, Pilar Lucio, valoró ayer positivamente la iniciativa y destacó que el Gobierno prestará a las comunidades toda la maquinaria para que las personas reciban directamente y sin demora el dinero. Los dos principales sindicatos de la región, UGT y CCOO, realizaron un análisis más crítico. UGT consideró la medida como "insuficiente", mientras que en CCOO se resaltó "la falta de una memoria económica que acompañe al documento".

El plan de choque anunciado ayer, además de esta medida, incorpora otras tres: la posibilidad de que las empresas puedan reducir sus cuotas si crean trabajo a tiempo parcial; la reordenación de los recursos para las políticas activas desde los ocupados a los desempleados y acciones de mejora de la empleabilidad.

En principio, los requisitos para percibir los 350 euros durante seis meses serán los de haber agotado la protección por desempleo a partir del 16 de febrero próximo --fecha en la que finaliza el Prodi-- y carecer de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Este es el mismo umbral de renta que se estableció para cobrar los 426 euros, por lo que en principio la cifra de perceptores podría ser similar en el caso de la nueva ayuda. En agosto del año pasado --último mes de vigencia de la primera prórroga del Prodi-- los perceptores de los 426 euros en la región fueron 6.614, según datos facilitados por el sindicato UGT. Esta cifra supuso un 17,2% de los 38.308 desempleados extremeños que en ese mismo mes no recibían prestación alguna.

Sin embargo, Valeriano Gómez adelantó ayer que los fondos que se destinen a esta paga estarán sometidos a "restricción presupuestaria" y cuando se acaben no habrá más "hasta el próximo presupuesto", por lo que tendrá que dejar de concederse. De hecho, el borrador de propuesta de esta medida señala que el número de beneficiarios se fijará "en función de las disponibilidades económicas". No obstante, el ministro quiso dejar claro que este programa formativo no costará dinero a las comunidades autónomas, ya que el Estado será el que lo financie a través de distintas vías: reordenación del programa de bonificaciones y también de los actuales programas de políticas activas de empleo, y adelanto de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo (FSE).

VALORACION SINDICAL "Es un parche muy pequeño para una herida que cada vez es más grande", sostuvo ayer Francisco Capilla, secretario general de UGT Extremadura, que incidió en que "cada vez hay más desempleados a los que se les está acabando la prestación contributiva y van a necesitar algún tipo de ayuda". "Este planteamiento --vincular la formación a las prestaciones-- se hizo desde los sindicatos hace ya mucho tiempo, pero paralelamente era necesario haber mantenido los 426 euros, porque esto va a ser insuficiente", concluyó.

Por su parte, Miguel Coque, secretario de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, dijo no entender que, "mientras está negociando, el Gobierno anuncie medidas de este tipo que no han sido consensuadas con las organizaciones sindicales". Sobre la propuesta del ministerio, subrayó que en ella "existe una ausencia de análisis en profundidad de los distintos programas formativos que permitan determinar su utilidad y la conveniencia de mantenerlos, mejorarlos o eliminarlos". Coque incidió también en la "falta de una memoria económica y de impacto de género que acompañe al documento", al tiempo que dudó de que "los servicios públicos de empleo tengan a día de hoy suficiente personal para gestionar una avalancha de itinerarios formativos".

Por otro lado, la nueva prestación fue muy criticada desde algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Así, el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, calificó el plan como tardío, improvisado e insuficiente", además de que no implica una reforma de las políticas activas de empleo.

En el mismo sentido se expresó la conselleira de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, quien expresó su rechazo al plan y afirmó que el borrador planteado se ha "pervertido totalmente" al introducir una política pasiva y de subsidio como responsabilidad de las comunidades autónomas.