Los ayuntamientos extremeños tendrán que aplicar las sanciones previstas en la ley antitabaco. Así lo determina un nuevo decreto de la Junta publicado ayer por el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que avisa, además, de que los consistorios deberán llevar a cabo tareas de inspección y de control. Una posibilidad que ya hace un año fue rechazada por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), cuyo presidente, José Muñoz, alertaba de la falta de personal de las entidades locales para afrontar esta nueva competencia.
El decreto aprobado ayer, que entrará en vigor en veinte días, explica que la llamada ley antitabaco --ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco-- atribuye a las comunidades la aplicación de la normativa. Es decir, las competencias sobre control, inspección, instrucción de expediente e imposición de sanciones.
Sin embargo, recuerda que dentro de la propia comunidad autónoma la ley sobre drogodependencia, de 1999, atribuye a los municipios muchas de estas competencias. Por eso el decreto establece en primer lugar que los ayuntamientos "ejercerán las competencias de inspección y control en materia de prevención del tabaquismo" según lo establecido en esa norma autonómica y en la ley de bases de régimen local.
RESPONSABILIDAD Es decir, que en aplicación de sus competencias sobre la protección de la salubridad pública las entidades locales serán responsables de "la vigilancia y control de los locales donde se venda tabaco" y de aquellos otros en los que esté prohibida esta actividad. También ejercerán "la potestad sancionadora".
Por otra parte, la nueva norma regional distribuye cuál será el reparto de competencias dentro de la Consejería de Sanidad y Consumo. Así, la apertura e instrucción de los procedimientos corresponde a los responsables de las Secciones de Procedimiento de las unidades periféricas de esta Consejería. También tendrán que actuar cuando un ayuntamiento no lo haga tras recibir una denuncia.
En cuanto a la resolución de expedientes, si se trata de una infracción leve o grave corresponderá al director general responsable de Salud Pública, mientras que si es una infracción muy grave será el consejero de Sanidad el que tenga la última palabra. Asimismo, se prevé la posibilidad de que ante infracciones muy graves el Consejo de Gobierno de la Junta acuerde el cierre de un local durante un periodo de hasta cinco años.
El presidente de la Fempex, José Muñoz, explicó ayer que aún no ha podido analizar el contenido del decreto publicado en el DOE, por lo que evitó pronunciarse la respecto. Pero Muñoz sí que se pronunció sobre esta cuestión hace un año, cuando este diario avanzó las líneas generales de este decreto.
En aquel momento Muñoz fue contundente: "Nosotros (los ayuntamientos) no tenemos personal que pueda hacer funciones inspectoras". Para el responsable de la Fempex los mayores problemas los tendrían los pequeños municipios, para los que --aventuró-- sería "imposible" desarrollar esta tarea.
