El nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura dará más competencias y autonomía a los ayuntamientos para "poner en valor" el municipalismo, e impulsará las mancomunidades integrales para mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Es lo que se conoce como la segunda descentralización, aquella que facilita la transición de poderes desde las comunidades autónomas a los gobiernos municipales. Este proceso es muy necesario, según reiteró ayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que abogó por dejar al margen las diferencias que han surgido en los últimos días entre los grupos parlamentarios para la aprobación del texto estatutario, y centrarse en lo que verdaderamente importa: facilitar a los consistorios todos los recursos posibles para mejorar la vida de sus ciudadanos.

Fernández Vara apoyaba así las repetidas reivindicaciones de los ayuntamientos para gozar de una financiación adecuada para prestar los servicios que se les competan, y lo hizo en el acto institucional para celebrar los treinta años de las primeras elecciones municipales democráticas, una efeméride en la que los responsables municipales han insistido en la necesidad de un nuevo modelo de financiación local que satisfaga las necesidades de cada población.

Para el presidente del Ejecutivo regional, el efecto positivo que se ha producido con la descentralización desde el Gobierno central a las comunidades autónomas ha permitido tener una visión desde la igualdad, y eso "nos deberá acompañar siempre en ese proceso donde tenemos que buscar estructuras que permitan servicios parecidos en el conjunto de Extremadura". A este respecto comentó que la región tiene el "problema" de que existen 383 municipios con diferencias en número de población, por lo que abogó por buscar criterios en la financiación que permitan un reparto y un desarrollo "en condiciones de igualdad de los servicios públicos".

Por ello, insistió en que los parlamentarios del PSOE y del PP "nos debemos exigir todos un esfuerzo para llegar a un acuerdo sobre el Estatuto", para "conseguir una mayor descentralización del ámbito de la comunidades autónoma a los ayuntamientos". Además, destacó que si todo el mundo avala el traspaso de poderes desde el Gobierno a las comunidades autónomas, no entendería que se dijera lo contrario en la transición a los ayuntamientos, ya que, como dice la Constitución, todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, son Estado.