Una vez que han sido publicadas las balanzas fiscales, la confrontación entre las distintas comunidades por recoger una mayor parte de la financiación autonómica se ha hecho más que evidente. Sin embargo, mientras que hasta ahora los discursos se han planteado en términos de la necesidad o no de utilizar los resultados presentados el martes, las mayores dificultades se presentarán en el momento en el que todas las regiones españolas se sienten con el Gobierno a negociar un nuevo modelo que sea capaz de satisfacer a todas las partes.

Así, y aunque la discusión formal no comenzará hasta el próximo mes de septiembre, fecha para la que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Pedro Solbes tiene pensado sentar las bases sobre las que entablar la negociación, a día de hoy resulta difícil imaginar que los representantes de todas las comunidades autónomas puedan llegar a un acuerdo que cuente con el consenso de todos los implicados.

La plasmación de las cuentas del Estado y las comunidades autónomas basadas en los seis modelos de cálculo fiscal utilizados ha dado pie a los dirigentes autonómicos a exponer de manera anticipada cual será su postura de cara a dicha negociación, a pesar de que el Gobierno haya reiterado en varias ocasiones que las balanzas no serán tenidas en cuenta en la conformación del nuevo modelo.

Por un lado se sitúan regiones que ven en las balanzas una oportunidad para mejorar la financiación que reciben del Estado, entre las que se encuentran Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares que --a excepción de Madrid, que se ha posicionado en contra--, presentan los saldos fiscales más deficitarios en lo que se refiere a la inversión del país respecto a lo que ellos aportan al conjunto del territorio nacional. De esta forma, el presidente de la Generalitat, José Montilla, avanzó ayer que tratará de utilizar las balanzas fiscales con el fin mejorar la financiación de su comunidad en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Desde la Comunidad Valenciana, el vicepresidente Vicente Rambla pidió la convocatoria "de manera inmediata" del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano en el que se entablará la discusión entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El dirigente valenciano apeló a la solidaridad, aunque desde un punto de vista distinto al de regiones como Extremadura y el resto de las contrarias a la utilización de las balanzas. Por ello exigió al Gobierno que "haga justicia con la solidaridad de los valencianos" que "están aportando mucho más al conjunto de España que lo que los presupuestos generales están aportando a la Comunitat".

En el lado contrario se encuentran el resto de las regiones, que ya han advertido, como es el caso de la extremeña, que no aceptarán la utilización de las balanzas como método de cálculo del modelo de financiación. Se trata de las comunidades de Extremadura, Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Canarias y Asturias. Sin embargo, entre ellas también se pueden apreciar intentos de sus dirigentes por sacar partido a los resultados.

Es el caso de la comunidad andaluza, a la que algunos de los modelos aplicados la alejan de las regiones con mayor superávit, donde han visto en las balanzas un motivo para "acabar con el tópico de la Andalucía subsidiada", según las palabras del vicesecretario general del PSOE andaluz, Luis Pizarro. Algo parecido, pero con signo contrario, es lo que ocurre en el Gobierno navarro, que indica que con las balanzas "cae el mito de que Navarra privilegiada".