A la falta de financiación bancaria más que denunciada por parte de las promotoras para ejecutar sus proyectos, se suma una realidad más humana que está creando múltiples problemas a los adjudicatarios de las viviendas del llamado Plan 60.000. Solo en Almendralejo, treinta familias, que pagaron en su día los 8.000 euros de entrada para adquirir una vivienda pública de la promoción Altos de Cantaelgallo, que ha ejecutado la promotora Hartizza, no pueden ocupar sus casas porque no tienen las escrituras, ya que la banca no les concede el préstamo hipotecario necesario.

Es más, en muchos de estos casos, la propia empresa les ha hecho un contrato de alquiler y pagan 300 euros al mes hasta que se solucionen sus problemas, según comentó ayer el administrador de Hartizza, Antonio García Camacho. No es una situación generalizada, pero tampoco aislada, y, por las fuentes con las que ha hablado este periódico, también hay afectados, aunque en menor número, en Plasencia, con adjudicatarios de la promoción Los Monjes que realiza la promotora Albatros.

Se da la circunstancia de que estos afectados tienen trabajo, en muchos casos fijo, pero no logran la financiación bancaria. Su queja más común es que se sienten "engañados" por las entidades bancarias, ya que cuando tuvieron que hacer los trámites para adquirir la casa ninguna les puso trabas, conociendo su situación laboral y económica.

Por ello, consideran una pantomima de cara al público los gestos de buena voluntad como la reciente firma entre la Junta y las entidades bancarias para facilitar créditos para viviendas. Ese convenio, según dijeron los firmantes, podría ayudar a 13.000 familias a acceder a una vivienda, siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos destacan que el adjudicatario debe tener trabajo y llevar en el mismo un mínimo de tres años, que la cuota que debe pagarse mensualmente por el préstamo no puede superar el 40% del salario que se cobre, y que el 60% del salario que quede libre debe ser igual o superior al Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es un baremo similar a la referencia utilizada antes con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pero ponderando los ingresos en función del número de personas que compongan la unidad familiar. En este sentido, "ese convenio no vale para la gente que no tiene el dinero suficiente", denuncia Antonio García Camacho, mientras critica esa cláusula de la necesidad de llevar trabajando tres años, más en estos tiempos de crisis donde el desempleo va a más. Por eso, insiste, "al final los bancos van a prestar el dinero a quien a ellos les merezca la pena, como siempre".UN CASO PECULIAR Él está viviendo este problema en primera persona, porque conoce las dificultades por las que están pasando la treintena de familias de la promoción que a hecho, de un total de 256 del Plan 60.000 euros. A este respecto, relata un caso extremo, pero real, de un albañil que trabaja en su empresa que ha adquirido una casa de estas "al que le niegan un préstamo porque al trabajar en la construcción piensa que se va a quedar en paro".Por esos mismos problemas están pasando varias familias en Plasencia, aunque menos que en Almendralejo. Las entidades bancarias no les dan préstamos hipotecarios "a pesar de que se cuelgan medallas", señala José Roca, de la promotora Albatros, que ejecuta 450 viviendas de 60.000 euros del residencial Los Monjes. "Hay que ser realistas, la situación económica es difícil para los promotores y para los compradores", reconoce, "pero hay operaciones que no tienen por qué echarlas para atrás. Se están tratando operaciones con más dureza que les corresponde".