Una de las primeras decisiones que deberá tomar el Gobierno de Sánchez será nombrar un nuevo fiscal general del Estado, puesto que esta figura cesa automáticamente cuando el Ejecutivo que lo ha nombrado deja el poder. Eso significa que su hasta ahora titular, Julián Sánchez Melgar, se encuentra ya en funciones hasta que el nuevo Consejo de Ministros nombre a su sustituto. Apenas ha estado siete meses en el cargo.
Según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y solo podrá dejar su puesto en cinco supuestos, entre ellos, cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. Parece muy improbable que Sánchez opte por mantener a un magistrado designado por el PP en un cargo jurídico de indiscutible trascendencia política. Así pues, Melgar tiene previsto retornar como magistrado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se instruye la causa por el procés independentista en Cataluña. Se da la circunstancia de que el propio Melgar asumió la dirección de la acusación en ese proceso al ser nombrado fiscal general en noviembre del 2017 tras la muerte de su antecesor, José Manuel Maza. De hecho, este será el principal asunto que deberá manejar el próximo fiscal general, cuya llegada coincidirá probablemente con la confirmación del procesamiento de los principales investigados y la posterior apertura del juicio oral.
Sánchez Melgar (Palencia, 1955) asumió el cargo con la voluntad de ejercerlo con «autonomía, independencia, prudencia y, sobre todo, valores constitucionales».
