En el fondo, la Casa Blanca quiere dar por terminada ya la fase diplomática, aunque pierda en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y emprender de una vez las operaciones militares contra Irak. En el mejor de los casos, cuenta con obtener la mayoría de nueve votos y perder por el veto de Francia, algo que "considera como una ventaja moral, pero sin la obligación de obedecer la resolución invalidada", explicaba ayer el diario The Washington Post .

"Esa resolución no sería tal, sino una resolución vetada, y la Administración no necesitaría esperar nuevos informes de los inspectores ni ningún ultimátum, más que el que decida Bush", precisaba el Post , citando a un alto funcionario norteamericano. No obstante, el presidente de Estados Unidos no está nada contento con la resistencia a la guerra de varios de sus aliados y ha lanzado amenazas de represalias bilaterales tanto contra Francia como contra Rusia, que puede tener mucho más que perder.

Tan abiertas han sido las coacciones de Washington a los miembros del Consejo --tras una maratón telefónica de Bush, en la que ha llamado a todos los jefes de Gobierno o de Estado de los países implicados--, que fuentes del Departamento de Estado aseguraron a la cadena de televisión CNN que ya habían conseguido ocho de los nueve votos precisos, tras hacer que revocasen sus posturas cuatro países que se habían comprometido a no apoyar la guerra.

PRESIONES INSOPORTABLES

Sólo aguantaban dos países, México y Chile, sometidos a las insoportables presiones económicas y políticas de la hiperpotencia americana. Pero no sólo sufrirán las iras del presidente norteamericano los países que se opongan a sus planes bélicos, sino que "Bush está tan frustrado con las Naciones Unidas que es muy probable que eso tenga ramificaciones a largo plazo", según afirman a la cadena CNN altos asesores de la Casa Blanca.

O sea, que la ONU --a la que Estados Unidos somete desde hace años a un estrangulamiento económico-- puede prepararse para lo peor por no plegarse a los designios belicistas de la Administración de Bush.

De momento, los observadores de la ONU que vigilan la zona desmilitarizada entre Kuwait e Irak han empezado a retirarse, una vez que los marines se han dedicado a destruir las vallas que las Naciones Unidas habían sido encargadas de guardar, pero que estorban para la anunciada invasión "preventiva".

CONDICIONES DE BLAIR

El propio Tony Blair --premier británico y el más leal aliado de Bush, con el presidente José María Aznar-- está sometido a presiones irresistibles, entre las conminaciones del Pentágono y la revuelta en las filas de su Partido Laborista. Blair intenta ahora salvar la cara planteándose modificar el papel de las tropas británicas, que no participarían en las acciones bélicas sino en las tareas de pacificación.

También ha presentado una batería de seis condiciones que Sadam Husein debería cumplir para evitar la guerra. Pero éstas comienzan con un humillante mea culpa televisado --en el que el dictador iraquí debería declararse culpable de poseer armas de destrucción masiva-- que casi parece una extorsión inquisitorial. Es decir, si no confiesa es culpable y si lo hace, también, claro. En todo caso, Estados Unidos atacará. Entonces, ¿para qué tanta comedia?

RESPONSABILIDAD ANTE EL TPI

No cabe duda de que las largas maniobras diplomáticas pretenden, ante todo, ayudar a los aliados de Bush que están apoyándole en total oposición a la voluntad de las opiniones públicas de sus países. En el caso de Blair, su propio fiscal general le advirtió en el mes de octubre de que emprender una acción militar para forzar un cambio de régimen en Bagdad --objetivo expuesto por Bush-- violaría las leyes internacionales. Los altos funcionarios británicos incluso temen ser procesados por el nuevo Tribunal Penal Internacional (TPI) si van a la guerra sin autorización de las Naciones Unidas.

En cambio, en España, la Moncloa parece estar más preocupada por las movilizaciones populares contra la guerra, como la cadena humana que se celebrará en Barcelona el próximo sábado, a la que la Delegación del Gobierno pretende poner numerosas limitaciones.

Empero, Aznar debería atender a los más de 300 expertos en Derecho Internacional que han avalado la advertencia del juez Garzón de que él mismo podría acabar ante el Tribunal Internacional de la Haya.