El proceso judicial abierto en Cáceres por las protestas que se llevaron a cabo ante la sede cacereña del PP en la noche del pasado 13 de marzo, jornada de reflexión, continua su curso. Este hecho convierte a la capital cacereña en la única ciudad de España en la que aún se mantiene abierto un proceso penal por éste hecho, imputándose a más de una decena de ciudadanos un presunto delito electoral.

Así lo confirman fuentes judiciales y representantes de los diferentes colectivos ciudadanos surgidos en la ciudad tras la apertura de este proceso judicial, que instruye el Juzgado número 2 de Cáceres.

"En la mayoría de las ciudades de España ni tan siquiera han llegado a abrirse procesos judiciales por estas concentraciones, y en las que sí se abrieron e iniciaron ya se han archivado", señalaron a EL PERIODICO representantes del Colectivo Ciudadano por la Libertad de Expresión .

Como ejemplos, Oviedo o Vitoria, donde se abrieron procesos que ya se han archivado; o Madrid, donde no se llegó a abrir proceso judicial porque su fiscal jefe estimó que no existía delito de propaganda electoral y no remitió las denuncias al juez. "Por ello, si la dimensión de los hechos del 13-M emanó de Madrid y allí no se abrieron diligencias, es absurdo que aquí continúen".

EL PROCESO CACEREÑO Dos denuncias coincidentes hicieron que en Cáceres se iniciara el proceso por la manifestación del 13-M. Por una parte, y según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, el representante del PP en la junta electoral provincial denunció ante la Fiscalía la concentración y dió, exclusivamente, el nombre del Víctor Casco, secretario general de IU en Extremadura; y, por otra parte, dos particulares, supuestamente militantes del PP, denunciaron en la Comisaría cacereña la realización de la protesta.

Posteriormente es el fiscal-jefe de Extremadura, Jorge Sena, el que da traslado al Juzgado de la denuncia que presenta el PP; y la Policía Nacional, por su parte, remite la denuncia de los particulares. Además, paralelamente a estas dos denuncias, también llega al juzgado un informe de la Policía Local donde se daban los nombres de 11 personas más.

En total, las 14 personas que por el momento figuran como imputadas en este proceso --en el que actúan como partes el Ministerio Fiscal, las defensas y el PP, personado en la causa como acusación particular-- y a las que el magistrado titular del Juzgado número 2 de Cáceres ya ha empezado a tomar declaración.

Hasta el momento ya han declarado ocho de los 14 imputados, "ya que a algunos no se les localiza y además se han dado casos de errores en las identificaciones, debido a la arbitraria selección de personas a denunciar que ha hecho la policía local".

El proceso sigue, y continuará mientras el juez así lo estime. El es el competente en decidir si la causa se archiva o si, por el contrario, se llega a juicio. En éste caso los imputados habrían de responder de un delito electoral, el incluído en el artículo 144.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, por el que se enfrentarían a penas de hasta seis meses de prisión o multas de 180 a 1.800 euros.