Unas producciones que en muchos casos se mueven en el límite de la rentabilidad, la falta de relevo generacional y la disminución de las ayudas europeas han pasado factura al campo extremeño, que en una década ha visto reducida en un 12,6% sus tierras de cultivo, pasando de los 1,32 millones de hectáreas que había en 1999 a 1,15 millones en el 2008. Los descensos se han ido repitiendo, sin pausa, año a año y "han afectado sobre todo a aquellas tierras que ofrecían una menor rentabilidad", indica Angel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura. Esta circunstancia explica que se haya dejado de cultivar, proporcionalmente, mucha mayor superficie en la provincia de Cáceres (-27,5%), donde la orografía complica con más frecuencia los usos agrícolas, que en la de Badajoz (-7,2%). "El abandono de tierras de cultivo es algo que está comenzando a generar un grave problema, con zonas de bosque y matorral que ya va a resultar complicado recuperar para la agricultura", asegura García Blanco.

La cuestión es simple: "Si al agricultor no le salen las cuentas, deja de producir", incide Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. Huertas considera que, aunque "tímido", actualmente se está produciendo "un cierto revulsivo" en el sector agrario, con gente que vuelve a él a causa de la crisis. Sin embargo, más allá del corto plazo, sostiene que el futuro del campo extremeño dependerá fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, de la Política Agrícola Común (PAC) que establezca Bruselas a partir del 2013. Por otro, de que se implante "un sistema de precios de referencia en función de los costes de producción. Solo así se podrá garantizar el futuro de las explotaciones familiares, que son el 90% en la región", dice el máximo responsable de UPA-UCE, que también destaca el esfuerzo que en los últimos años han realizado los agricultores para "mecanizar sus explotaciones y redimensionarlas", con el fin de ser más competitivos.

Las estadísticas del INE sobre la estructura de las explotaciones agrícolas confirman esta tendencia a la reducción del número de plantaciones con un menor tamaño: entre 2003 y 2007 (últimos datos disponibles), las que tenían menos de cinco hectáreas cayeron un 7,1% y las que no llegaban a dos un 15,3%. "Cada vez hay una concentración mayor. Se necesita ganar tamaño para poder mantener la misma rentabilidad", afirma García Blanco.

El relevo generacional es otro problema añadido para el campo en una región donde de los 67.747 titulares de explotaciones agropecuarias que tiene contabilizados el INE más de la mitad sobrepasan los sesenta años, y apenas 1.394 no han cumplido la treintena. "Hay relevo generacional, pero en las explotaciones de regadío, que son las que dan rentabilidad", dice García Blanco. "El 20% de las tierras extremeñas, las de regadío, producen, más del 80% del valor de toda la agricultura regional", argumenta.

La evolución registrada en estos diez años en el campo extremeño ha sido, sin embargo, muy diferente dependiendo del cultivo que se analice. Por ejemplo, dentro de los cereales de invierno, el trigo --el más cultivado de todos ellos-- ha descendido un 10,4% (de 124.704 hectáreas a 111.661), pero la avena, la cebada o el triticale han experimentado sensibles aumentos.

Joaquín Perera, responsable de cultivos herbáceos de UPA-UCE, explica que una vez desacopladas las ayudas (se desvinculan de la producción, con lo que la cantidad que se percibe es un fijo se cultive o no) los agricultores optaron por dejar de plantar el trigo duro (que era el que recibía mayor subvención), para decantarse por otros cultivos "más rentables y menos delicados, que dan una mayor producción y con los que apenas hay diferencia de precio". El resultado es que la siembra de trigo duro, el destinado a pastas, se ha desplomado un 70,5%,