Desde la entrada de España en la UE, hace 19 años, Extremadura ha recibido fuertes ayudas económicas, que superan los 11.000 millones de euros. El grueso de los fondos han venido en los periodos 1994/99 y en el programa que concluirá el próximo año. Estas subvenciones, ya sean directas o a la inversión, han permitido la creación de infraestructuras y empleo y el mantenimiento, en el caso de la agricultura, de la población en núcleos rurales.
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Las ayudas europeas tienen como objetivo general favorecer el desarrollo de territorios o sectores. En el caso extremeño, su posición como receptor privilegiado de fondos viene derivada de su nivel de renta. Así, Extremadura es considerada por la UE como Objetivo 1, es decir, región donde el nivel económico es bajo, inferior al 75% de la media de la UE, por lo que necesita la solidaridad de otros territorios para impulsar su crecimiento. La finalidad es que, paso a paso, Extremadura escale posiciones y acabe situándose en la media europea en cuanto a renta y PIB.
La financiación que ha venido recibiendo la región se gestiona por tres vías, los fondos estructurales, las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión, aunque las dos primeras son, de largo, las más importantes.
Estas aportaciones han ido creciendo de forma sostenida desde que España se incorporó a la UE. Así, en el periodo 1986-1988, Extremadura obtuvo un total de 317 millones de euros, de los que 107 provenían de fondos estructurales y 210 de la PAC (el fondo de cohesión no se creó hasta 1993). En el segundo periodo (1989/93), las ayudas alcanzaron los 1.655 millones de euros, repartidos también entre la PAC (1.011 millones) y los fondos estructurales (644 millones).
Para el sexenio 1994/99, la financiación de la UE a Extremadura alcanzó los 4.047 millones, que se distribuyeron en 2.373 millones en ayudas agrarias y 1.674 millones en fondos estructurales. Además, en este periodo la región comenzó a beneficiarse de los fondos de cohesión, que sumaron, aproximadamente unos 360 millones. Finalmente, en el programa en curso, y que abarca del 2000 al 2006, las ayudas totales rondarán los 7.300 millones, entre la PAC (aproximadamente 4.200 millones) y los fondos estructurales (3.050 millones). Los fondos de cohesión aportarán otros 450 millones.
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Las principales diferencias atañen a si son ayudas a la convergencia entre territorios o subvenciones directas a la renta de determinados colectivos, y si se aplican a regiones o a países. En una primera aproximación, los fondos destinados a favorecer la convergencia se dividirían entre estructurales y de cohesión.
El término estructurales abarca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria --sección Orientación-- (FEOGA-O), y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). A su vez, el FEDER incluye los programas Interreg y Urban, y el FEOGA-O, los Leader y Proder. Todas estas líneas se aplican sobre el desarrollo de regiones concretas, primando a las que no alcanzan el 75% de la renta media de la UE.
En cuanto a sus elementos distintivos, el FEDER se aplica a la creación y modernización de infraestructuras de uso general, tales como carreteras, ferrocarriles, hospitales, colegios, redes de energía o telecomunicaciones, industrias, etcétera. Por su parte, el FSE es una línea específica para el fomento del empleo, el FEOGA-O se destina a la mejora de las infraestructuras agroganaderas y el IFOP a las instalaciones piscícolas. Este bloque de fondos se articulan en forma de Programas Operativos Integrados (POI), donde a partir de estrategias de desarrollo marcadas por la UE, cada región elabora propuestas de aplicación de las inversiones a proyectos concretos, según sus necesidades.
Como fondo no estructural, pero también con distribución territorial, estaría el fondo de cohesión. Su finalidad sería muy próxima al FEDER, pero con importantes rasgos distintivos. Por un lado, se asigna a Estados, no a regiones, y para tener derecho a recibirlo, la renta media del país no puede superar el 90% de la media de la UE. Por otro, las inversiones están enfocadas a la creación de infraestructuras, dando prioridad a las redes transeuropeas de transportes.
El último bloque lo constituyen las ayudas de la PAC. Estos fondos se distinguen de los anteriores en que no van a territorios, sino a personas, concretamente a agricultores y ganaderos. Su finalidad es la de complementar las rentas del campo para compensar el hecho de que las producciones agrarias están reguladas. Esta regulación intenta impedir, por un lado, un exceso de oferta de determinados productos, y, por otro, que se abandonen las tierras menos productivas y las zonas rurales terminen despoblándose.
