El catastro extremeño está lejos de estar a la última. No en vano en estos momentos hay 141 municipios que no lo renuevan desde hace más de una década, y de ellos 113 cuyos datos no se actualizan desde los años ochenta.
Y eso a pesar de que el catastro es una herramienta fundamental para los ayuntamientos, puesto que los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se basan en ese registro.
Un simple dato puede servir para ilustrar el problema que soportan los consistorios. En el 2005 --año del último balance del catastro extremeño-- fueron renovados los datos de 9 localidades de la región y el valor de sus inmuebles se multiplicó por 3,5. Esto ocurre, fundamentalmente, porque se incluyen zonas urbanas en las que antes no había nada.
En teoría el catastro de cada municipio debe actualizarse, como mínimo, una vez cada diez años. Pero la realidad es muy distinta y las gerencias territoriales no son capaces de responder a esta demanda.
Ante esta situación la Gerencia del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz ha anunciado un plan de choque en la provincia que permitir actualizar los datos de todos los municipios en un plazo aproximado de cuatro años.
La evolución extremeña
En los últimos tres años el valor catastral de los inmuebles de la región ha pasado de 14.500 millones de euros a los 17.238 millones del 2005, con un incremento superior a los 2.700 millones. El valor catastral medio de un inmueble en la región es de 21.182 euros, el más bajo del país y muy lejos de la media nacional (39.081 euros).
En ese periodo los agentes del catastro identificaron e inspeccionaron 16.000 parcelas que hasta ese momento no aparecían en sus registros, de las que 14.000 tenían algún tipo de edificación y 2.000 estaban vacías.
Eso hace que según los últimos datos del catastro en la comunidad haya 485.378 parcelas construidas y 62.205 vacantes.
En cuanto al catastro de los terrenos rústicos, en estos momentos el valor de las tierras extremeñas es de 1.428,45 millones, lo que supone que las últimas revisiones lo han elevado en 200 millones sobre el 2002.
Dada la complejidad burocrática de los mecanismos de actualización del catastro, el objetivo es simplificar este sistema y permitir que sean los propios ayuntamientos los que puedan renovar los datos tras conceder las licencias de obras o que, al menos, haya una actualización anual. Hay que tener en cuenta que en estos momentos los catastros son gestionados por tres administraciones --las Gerencias Territoriales del Catastro, los ayuntamientos y las diputaciones--, lo que dificulta todos los procesos.
