Coacciones y amenazas de muerte, estas son algunas de las estrategias que según los sindicatos se están empleando en la campaña para las elecciones en la enseñanza pública en Extremadura, en donde más de 14.000 profesores no universitarios están llamados a las urnas el día 4 de diciembre para elegir a sus representantes a las Juntas de Personal Docente.
Cinco de las seis formaciones que se presentan a las elecciones se han visto inmersas en una guerra sindical que ha llegado hasta la Delegación del Gobierno tras las amenazas recibidas por los líderes sindicales de CCOO y CSI-CSIF, José María Rosado y Adrián Vivas, respectivamente. Según indican todos los implicados, los enfrentamientos se iniciaron con los problemas que han tenido el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Extremadura (STE) y la Plataforma de Interinos y Docentes de Extremadura (PIDE) para presentarse en Cáceres y Badajoz.
LAS EXPLICACIONES
Desde el STE aseguran que se "ha iniciado una guerra sucia en la que estamos sufriendo una fuerte persecución por parte de CCOO, CSI-CSIF y UGT, ya que quizás temen que podamos quitarles representantes". Esta situación, advierten, ha desembocado en "amenazas telefónicas a gente que estaba afiliada a otros sindicatos y que se presentaban en nuestras listas, lo que ha provocado que algunos se retiraran".
De momento, la lista del STE no ha sido aceptada en la provincia cacereña, ya que no contaba con el número de candidatos necesarios. El sindicato ha impugnado el proceso por creer que el error se subsanó en el plazo adecuado y mañana tiene previsto acudir al Tribunal de lo Social para pedir que se paralicen las elecciones en Cáceres.
Por su parte, PIDE realiza las mismas acusaciones contra CCOO y CSI-CSIF, de quienes aseguran que "utilizan métodos de la kale borroka para ir en contra de la ley de libertad sindical". José Manuel Chapado, cabeza de lista por Badajoz, señala que tras las amenazas telefónicas ya se han retirado seis personas.
La candidatura de PIDE en Badajoz se encuentra ahora con un obstáculo: un laudo arbitral.
Las denuncias más graves corren a cargo de José María Rosado, responsable de Educación de CCOO, quien asegura haber recibido correos electrónicos con amenazas de muerte, en los que también amenazaban al presidente regional del Sector de la Enseñanza del CSI-CSIF, Adrián Vivas. "Se ha generado un caldo de cultivo que ha desembocado en amenazas y me preocupa que una campaña se lleve a estos extremos", señala Rosado.
Vivas, por su parte, indica que "el tema es delicado y bastante desagradable, esto no había pasado en otras elecciones, se ha entrado en una dinámica en la que no debemos entrar".
Ambos reconocen haber llamado a afiliados a sus sindicatos "sólo para informar" de la incompatibilidad de presentarse en otra lista.
José Muñoz, de UGT, señala que "toda esta situación es demencial, no entendemos ni compartimos lo que está pasando, no se puede hacer una propaganda electoral menospreciando el trabajo de otros sindicatos".
Por su parte, el Sindicato Independiente de Enseñanza (ANPE), se mantiene "al margen de esta guerra", según su presidenta Sonia Bartiva.
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