La cementera que el Grupo Gallardo ha construido en la localidad pacense de Alconera se ha quedado fuera de la asignación de derechos de emisión de gases contaminantes aprobada por el Gobierno central para cumplir el Protocolo de Kioto. Esto supone que no se ha incluido esta industria pese a que sí aparecía en los primeros listados provisionales, algo que se debe a que no ha superado aún todos los trámites administrativos para empezar a funcionar. De esta forma la cementera tendrá ahora que acceder a la reserva de derechos para nuevas actividades que ha aprobado el Ejecutivo. Desde la empresa se está trabajando en este sentido y confían en que no haya ningún problema a la hora de obtener el cupo necesario.
El Ministerio de la Presidencia ha aprobado definitivamente la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero del 2005 al 2007. En este listado aparecen seis industrias extremeñas, mientras que se queda fuera la cementera de Alconera, incluida en la primera lista provisional. En concreto, Presidencia ha dado luz verde a las emisiones de Siderúrgica Balboa (82.638 toneladas de dióxido de carbono --CO2-- al año); Barbosa y Almeida Vidrio (63.109); Cerámica San Cristóbal (2.704); Eurocerámica Sánchez Palomero (14.930); la cooperativa Nuestra Señora de Belén (7.893); y Tabicesa (44.687). Esto supone un aumento global superior a las 1.500 toneladas anuales de CO2 con respecto al primer reparto de emisiones, con 5.000 toneladas más para el conjunto de los tres años.
PLAZOS ADMINISTRATIVOS Por lo que se refiere a la cementera de Alconera, que prevé emitir 700.000 toneladas de CO2 anuales, no ha podido acceder a este reparto debido a que a fecha de 1 de enero de este año aún no contaba con la autorización ambiental integrada que solicitó el pasado mes de septiembre, según confirmaron fuentes de la Dirección General de Medio Ambiente. Y es que el proyecto del Gobierno establecía que sólo podrían autorizarse las emisiones de aquellas industrias ya operativas o que en ese momento tuviesen "todas las licencias y permisos administrativos exigidos".
Así, una vez que la empresa supere todos los trámites administrativos necesarios para abrir la cementera, deberá solicitar una primera autorización a la Dirección General de Medio Ambiente. Una vez que logre este permiso la empresa deberá presentar un escrito a la Oficina Española del Cambio Climático para poder acceder a los derechos de emisión que el Estado ha reservado para nuevas industrias.
CUPO DE RESERVA Sin embargo, hay que tener en cuenta que las previsiones del Grupo Gallardo apuntan a que esta instalación emitirá unas 700.000 toneladas anuales de CO2, mientras que la caja que se ha reservado para el sector cementero se limita a 1,25 millones de toneladas.
En este sentido, fuentes oficiales del Grupo Gallardo confirmaron ayer que "ya se está trabajando en esta línea". La empresa jerezana confía en lograr un cupo de emisiones suficiente para no tener que acudir al mercado de emisiones, donde se calcula que habrá que pagar unos 10 euros por tonelada y año de CO2.
A favor de la empresa juega el hecho de que el Gobierno conocía antes de hacer sus cálculos los proyectos cementeros que había en marcha.
