A un agricultor le cuesta comprar un kilo de cebollas o calabacines en el supermercado cinco veces más de lo que le pagan por producirlo. Si se trata de un ganadero, el precio del kilo de ternera de primera también es cinco veces superior en la carnicería que cuando las distribuidoras van a comprarselo a él. Eso es precisamente lo que quieren controlar los principales dirigentes de los estados miembros de la Unión Europea (UE), que han acordado en Bruselas un paquete de medidas para evitar que los intermediarios comerciales inflen los precios y se aprovechen de unos márgenes de beneficios --entre el precio de origen y de destino-- cada vez mayores en los principales productos agroganaderos.
Los jefes de Gobierno de los países de la UE han puesto sobre la mesa su preocupación por el efecto que la escalada de precios está teniendo en los hogares con menos ingresos. A su juicio, hay dos motivos detrás de esta tendencia alcista: por una parte, la escasez de alimentos a nivel mundial por la mayor demanda y consumo de los países asiáticos; y por el otro, la especulación comercial.
Precisamente para controlar este tipo de situaciones el Gobierno español puso en marcha hace unos años el Observatorio de Precios, un organismo dependiente del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación --ahora integrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-- que registra semanalmente los precios de venta de una treintena de productos a lo largo de la cadena de comercialización: en la venta del productor (agricultor o ganadero), en la de los intermediarios y en la venta final al consumidor. Esta herramienta revela la existencia de grandes márgenes de beneficios en la comercialización de algunos alimentos. Así, por ejemplo, mientras a un agricultor le pagan solo 32 céntimos por kilo de patata, el ciudadano lo encuentra en el mercado a no menos de 80. Y lo mismo ocurre con el tomate (0,60 euros por kilo) o el pimiento (0,78), que posteriormente pueden llegar a comercializarse por un precio tres veces superior (por encima de los dos euros en ambos casos).
Pero quizás la situación más sangrante se da entre los ganaderos. A ellos, mataderos y distribuidores les pagan el kilo de ternera de primera a 3,27 euros por cada kilogramo. El precio final para el cliente supera los 15 euros, es decir, cinco veces más. Y con la carne de cerdo ocurre algo similar: en origen cuesta 1,66 euros el kilo y en los supermercados, casi 6 euros.
Principales medidas
Por ello, desde Bruselas se ha decidido poner en marcha un "un grupo de expertos" encargados de examinar el papel que la "especulación" puede tener en el incremento de los precios de los alimentos. Asimismo, los presidentes y primeros ministros de los países de la UE han planteado también la necesidad de crear sistemas de vigilancia para controlar el impacto de las cadenas de distribución sobre estos precios, aunque finalmente esta idea no se ha incluído entre las medidas a aplicar tras esta reunión.
El problema, según fuentes del organismo comunitario, es que resulta "complicado" comprobar y demostrar la repercusión del precio de las materias agrícolas en el precio final que paga el consumidor. No obstante, sí se ha acordado, en cualquier caso, examinar el papel que en esta tendencia inflacionista están teniendo los supermercados. Y lo que también se ha pactado es abogar por un rápido análisis de las repercusiones que el desarrollo de los biocarburantes tiene en la oferta de productos agrícolas destinados a la alimentación para, en caso necesario, "tomar medidas para hacer frente a los inconvenientes".
