181 casos de fraude, 327 afectados y más de 1,2 millones de euros en sanciones. Son las principales cifras de la contratación irregular de inmigrantes en Extremadura a lo largo del año 2007, reflejadas en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, desvelados a raíz de las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.

Ello supone un cerco a la contratación ilegal de inmigrantes en la comunidad extremeña, si se comparan los datos con los del 2006, ya que ha habido más casos descubiertos (16 más), 160 trabajadores afectados más y 424.133 euros más en sanciones.

Lo cierto es que la contratación ilegal de ciudadanos extranjeros es más habitual de lo que se pueda pensar y el pasado año se destaparon casos de localidades de Tierra de Barros durante las campañas agrícolas. El Ministerio de Trabajo señala que el 40% de los inmigrantes que están empadronados en Extremadura tienen un trabajo en el que están dados de alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, la evolución de los ciudadanos extranjeros empadronados y de aquellos que tienen estabilidad laboral demuestra que el aumento de quienes llegan a la región es mucho mayor que el número de aquellos que están dados de alta. Así, desde el año 2000, la cifra de extranjeros registrados en el padrón ha crecido más de un 200%, mientras que el incremento de las altas en la Seguridad Social ha sido mucho menor (el 82%), situándose en 12.103 a inicios de este año.

61.000 actuaciones

Pero lo que se refleja en Extremadura no es más que un calco de lo que sucede en la mayor parte del país. Así, la Inspección de Trabajo realizó el año pasado en materia de extranjería 60.931 actuaciones, de las que se derivaron 11.637 infracciones, con una propuesta de sanción de 76,4 millones de euros, afectando a un total de 11.637 trabajadores extranjeros.

Las comunidades autónomas en las que más se recaudó por sanciones fueron Andalucía (12,5 millones), Cataluña (11,1 millones), Comunidad de Madrid (9,6 millones), Comunidad Valenciana (7,5 millones), Castilla-La Mancha (6,5 millones), y Murcia (3,6). En el extremeño contrario están La Rioja (428.400 euros), Navarra (702.000 euros), Asturias (810.000 euros), y el País Vasco (1,6 millones).

Según la ley de extranjería, las sanciones por contratación de mano de obra ilegal oscilan entre los 6.000 euros por infracción leve y los 60.000 euros por infracción muy grave.

A este respecto, el ministro de Trabajo e Inmigración, el extremeño Celestino Corbacho, ha avanzado en el Congreso de los Diputados que endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales y reitera que su principal objetivo es que los inmigrantes entren en España "de forma legal y con contrato de trabajo".