A falta de conocer los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Junta de Extremadura sobre el impacto del desarrollo de la ley de dependencia en la región, lo cierto es que los primeros informes elaborados por el propio ministerio dejan entrever algunas de las claves.

En el 2015, una vez que el sistema se haya desarrollado por completo, la región deberá atender a más de 50.000 personas con dependencia severa, unos servicios que costarán en torno a los 355 millones de euros anuales a las arcas extremeñas. De esta cantidad, y si el ministerio no rebaja el nivel de copago previsto en el anteproyecto y en la memoria económica del mismo, una tercera parte será asumida por las propias familias, y los dos tercios restantes los costearán las Administraciones Públicas.

A esto se suma que, según los estudios de Comisiones Obreras, la implantación de esta normativa supondrá entre el 2007 y el 2015 la creación de unos 6.000 empleos en la región. Una cantidad a la que habrá que sumar la de las personas que actualmente se dedican a cuidar a sus familiares --mujeres en su mayoría-- y que podrán incorporarse al mercado de trabajo.