En la región hay actualmente cinco promociones de viviendas que comenzaron siendo de renta libre pero a las que el estancamiento del mercado ha acabado convirtiendo en VPO. Están ubicadas en cuatro localidades (Talavera la Real, Almendralejo, Don Benito y Jaraíz de la Vera) y, en conjunto, suman unas doscientas viviendas, según datos facilitados por la Consejería de Fomento. Este cambio en la calificación de los inmuebles es una posibilidad que se recoge tanto en el Plan de Vivienda Estatal como en el Plan de Vivienda de Extremadura, siempre que los inmuebles cumplan con los requisitos exigidos de superficie y venta y los adjudicatarios hagan lo propio con el nivel de ingresos.
Teresa Bardají, gerente de Apdecoba, reconoce que el paso de libre a protegida puede ser una vía para eliminar parte del estoc de viviendas. En este sentido, apunta que sería conveniente que se permitiera esta transformación vivienda a vivienda, en lugar de tener que hacerse por bloques, como sucede ahora, lo que impide el cambio de toda una promoción desde el momento en que uno de sus inmuebles esté ya vendido.
Por su parte, fuentes de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) explican que en estos momentos se está solicitando información a las patronales de las diferentes comunidades autónomas con el fin de determinar cuál es el estoc de viviendas libres en cada una de ellas y cuál es su tipología. De esta forma, se podrá determinar cuántas podrían convertirse en protegidas. La idea, se apunta, sería realizar una propuesta a nivel nacional que podría incluir una petición de mayor flexibilidad a la hora de realizar esta modificación en los inmuebles.
Desde esta asociación se aclara que, en realidad, la opción de pasar la vivienda de libre a protegida es algo "que no escoge casi nadie", ya que condiciona su venta al menos durante 30 años. En su lugar, lo normal es optar por otra figura, la de vivienda usada , que la ley también considera como protegida, pero en la que este periodo se reduce a la mitad.
OPINION DE LAS EMPRESAS Miguel Narros, director general del grupo inmobiliario extremeño Urvicasa, considera que el número de viviendas susceptible de este cambio en la región "es muy escaso". "No creo que sea la solución para el mercado", sostiene este empresario, que resalta que el margen de maniobra que tiene el promotor a la hora de modificar los precios es muy limitado, ya que "un 80% de la construcción ya se la ha financiado el banco".
Rafael Sotelo, director gerente de Pronorba, también se muestra escéptico sobre este tipo de medidas: "No conozco ningún caso de reconversión de libre a VPO. Lo que se está haciendo es ajustar los precios al mercado". A su juicio, quienes se decantan por esta opción solo buscan que "el Estado les pague parte de los costes de sus viviendas vendiendo a precio de VPO lo que no pueden vender a precio de vivienda libre". Igualmente, recuerda que la figura de la vivienda protegida implica para el adquiriente diversas servidumbres, como la de un precio máximo para las siguientes transmisiones.
Por su parte, fuentes de Magenta apuntan que esta podría ser una opción razonable "dependiendo del tipo de vivienda". "En zonas algo alejadas del centro urbano, en las que el suelo no costó tanto, y con un nivel de calidades normal, que siempre será mejor que una VPO, ahí el promotor sí podría hacer un esfuerzo". En esta empresa insisten en que "para viviendas bien situadas, y con calidades buenas, demanda sigue habiendo, aunque no sea tanta como antes. El problema es que no se obtiene financiación".
