El Senado iniciará hoy el trámite del proyecto de ley que regulará el régimen del comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero y lo hará con carácter de urgencia. La normativa tiene como finalidad reducir los gases que afectan al cambio climático y cumplir los compromisos del protocolo de Kioto. Aunque todavía queda algo de humo sobre el comercio de estos derechos, las expectativas de negocio son muy grandes.
La inversión de España supera los 200 millones de euros para la adquisición de derechos que permitirán emitir a la atmósfera 40 millones de toneladas de dióxido de carbono durante el periodo 2005-2015 --el precio es de cinco euros por tonelada--.
Pero, una vez adquiridos estos derechos, ¿cómo funciona este comercio? Los países europeos elaboraron un plan nacional de asignaciones que contempla cuánto puede contaminar un sector en general y una empresa en particular. A cada industria se le asigna un paquete de derechos que le permiten emitir un número determinado de toneladas de gases y las compañías que rebasan este límite tienen que comprar derechos de emisiones a otras empresas que, por su mayor esfuerzo de adaptación, se hayan convertido en excedentarias --de momento, hasta hasta el 2008 no se sancionará a los que contaminen más de la cuenta--.
Ventas permitidas
Si algún país vende más cuotas de emisión de las permitidas en las directrices establecidas se le prohibirá vender CO2 hasta que restaure los niveles exigidos, teniendo para ello un plazo estimado de 30 días. El comercio de derechos de emisión no reduce por sí mismo las emisiones, sino que puede suponer una redistribución entre los países industrializados.
Pero, según los expertos, la forma de que este instrumento tenga algún beneficio medioambiental es establecer una cuota estricta de los derechos de emisión que garantice el cumplimiento del protocolo de Kioto.
Los derechos de emisión asignados a las empresas españolas alcanzan los 1.400 millones de euros. Aunque muchos de estos títulos entrarán en las transacciones comerciales, no todos serán negociados, ya que la mayor parte de ellos serán utilizados por las compañías que los tienen para continuar con su producción. Este mercado todavía no ha empezado a operar en España, ya que el registro de las operaciones de compraventa de derechos de emisión no estará disponible hasta finales de este mes.
En cuanto al objetivo del protocolo, el Gobierno ha establecido que las emisiones españolas en el periodo que va entre el 2005 y el 2007 se estabilicen en la media de las emitidas en los últimos tres años, para lo que existen inventarios oficiales, con un incremento adicional del 3,5% de las emisiones de CO2 en los sectores afectados por la directiva para nuevos entrantes.
Por ello, el esfuerzo adicional para cumplir tanto con Kioto como con la directiva tendrá que hacerse en el periodo 2008-2012, cuando las emisiones no deberán sobrepasar un 24% más de las del año 1990.
