Las distintas ayudas de la UE a los países miembros y sus regiones, ayuntamientos o mancomunidades forman un entramado complejo. La finalidad común es elevar los niveles de desarrollo de los territorios, para que sus habitantes alcancen una posición económica que les haga, en el futuro, mover la economía general de la UE.
En un primer acercamiento, los fondos se pueden dividir entre estructurales y no estructurales. Los primeros son los que se destinan a mejorar infraestructuras, crear industrias, mejorar las condiciones generales de vida o fomentar el empleo, es decir, acciones con incidencia en todos los niveles de la sociedad. Los segundos atienden a colectivos concretos y el objetivo es regular determinados mercados, como el agrícola.
Fondos estructurales
Entre los fondos estructurales, el de más peso es el Feder. Se asigna para programas de desarrollo en regiones específicas, y la mayor parte va a las denominadas Objetivo 1, es decir, zonas donde la renta media por habitante, como es el caso extremeño, no llega al 75% de la renta europea.
Con ellos se financian carreteras, trenes, redes de telecomunicaciones, industrias, proyectos de energías renovables y actuaciones en desarrollo rural en zonas aisladas. Dentro del Feder se articulan los Interreg, con las mismas líneas, pero destinados a promover la cooperación para el desarrollo en zonas fronterizas, y los Urban, para rehabilitar ciudades o barrios en crisis.
También como fondo estructural estaría el FSE, con la misma orientación territorial que el Feder, pero dedicado específicamente a la formación profesional y la integración laboral de colectivos marginados en este aspecto. Igualmente, el Feoga-Orientación es un fondo estructural, destinado a modernizar las explotaciones agrarias y a promover la transformación y comercialización de los productos del campo. Además, está el Ifop, limitado al desarrollo del sector pesquero.
Política agraria
También dentro de los estructurales, pero con una orientación distinta, se encuentran los Fondos de Cohesión. Estos se asignan a países, no a regiones, y son los Estados los que deciden cómo se distribuyen, aplicándolos a proyectos concretos y no a programas de desarrollo.
En el apartado de no estructurales estaría el Feoga-Garantía, cuya máxima expresión son las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Aquí la ayuda no va a territorios ni a proyectos, sino a personas, y no como inversión, sino complemento a la renta.
Con ello, se pretende que los agricultores, afectados por la regulación del mercado agrario, que limita las producciones, mantengan un nivel de ingresos suficiente y, de paso, se evite la huida de los habitantes de las zonas rurales.
