Las aguas residuales, ya sean urbanas o industriales, deben depurarse antes de verterse a los cauces de los ríos. La teoría está clara, pero en la práctica ¿quién es el responsable de hacerla efectiva? La gestión de los ríos que recorren más de una autonomía corresponde al Gobierno --a través de las confederaciones hidrográficas-- pero la preservación del medio ambiente es competencia de la comunidad. Y hay otro actor: el ayuntamiento, responsable último de la depuración de los vertidos municipales.
Ante este panorama las competencias sobre la gestión --y conservación-- del agua están compartidas entre estos organismos públicos. Además, cuando un ayuntamiento no puede asumir la inversión que supone una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), puede contar con la financiación de la Administración autonómica (a través de la Consejería de Infraestructuras) o nacional (por medio de las confederaciones).
Esto es lo que ocurre en la mayoría de los municipios extremeños en los que, ya sea en fase de licitación o ejecución, está prevista la construcción de una nueva EDAR. En total, según los datos facilitados por la Junta y las Confederaciones del Tajo (CHT) y el Guadiana (CHG), las obras relacionadas con la depuración actualmente están en marcha en Extremadura alcanzan los 200 millones de euros.
Así, la CHT lleva a cabo "un gran plan", con un importe cercano a los 120 millones, que se desarrolla en cuatro zonas: La Vera, la comarca agraria de Cáceres, la de Hervás y las localidades fronterizas. Por su parte, la CHG destina más de 51 millones de euros a las labores de saneamiento de la Campiña Sur, el entorno del río Guadajira y las Vegas Bajas. Finalmente, la Junta de Extremadura financia siete EDAR con una inversión que supera los 27 millones de euros en Burguillos del Cerro, Medellín, Orellana, Siruela, Casatejada, Peraleda de la Mata y en la zona de la Alqueva.
